La vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales Rubio, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar con hasta 15 años de prisión a quien dañe, mutile o destruya cualquier elemento para el cumplimiento de las labores de docentes, como libros de texto gratuitos.

En medio de la discusión sobre los nuevos libros de texto que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP), la diputada refirió que diferentes actores políticos se han dedicado a emitir declaraciones falsas e irresponsables sobre los nuevos materiales, hasta llegar al extremo de incitar a su destrucción y mutilación, lo que consideró un sabotaje a la educación.

Por ello, la legisladora propuso una reforma contra dichos actos para castigar con penas de entre cinco y 15 años de prisión y suspensión de derechos políticos de uno a siete años, lo que implica que los posibles culpables no podrían emitir su voto ni participar en consultas populares, contiendas para aspirar a un cargo público de elección popular, y tampoco podrían asociarse para formar parte de los asuntos políticos del país.

Además, se propone que la sanción aumente una mitad para quien organice, incite, compela o patrocine económicamente a otros para cometer la acción.

“La discusión pública que se ha suscitado a partir de la campaña en contra de la edición y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 ha traído a personajes con cargos públicos o con representación popular, gente que tiene responsabilidad administrativa y salarios provenientes del erario, quienes se han dedicado a difundir falsedades y hacer conjeturas irresponsables respecto de las motivaciones de los especialistas que han contribuido en el diseño de los nuevos libros.

No sólo eso, han osado emitir mensajes públicos en los que incitan a no utilizar esos materiales didácticos esenciales que son obligatorios por ley, e incluso azuzan para que se mutilen esos libros, criticó Morales Rubio en su iniciativa, quien consideró dichas acciones una violación al artículo 363 del Código Penal, que sanciona con pena de cárcel a quien dañe o destruya elementos fundamentales de instituciones de docencia o investigación.

La propuesta de reforma fue presentada en la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Educación –ambas presididas por diputados de Morena– para su análisis y dictamen.