Tras realizar un análisis jurídico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso que las menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Xóchitl Gálvez no son violencia de género y que dar a conocer datos de los contratos de las empresas de la panista no la ponen en riesgo de actos delictivos.

La CNDH no emitió recomendación ni medidas precautorias para las quejas presentadas por la senadora Kenia López Rabadán (PAN), con las que solicitó a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, dictar las medidas cautelares que considerara pertinentes, pues de acuerdo con la reclamación, los dichos del mandatario ponen en riesgo la integridad personal de Gálvez.

En su respuesta de 15 páginas, la CNDH refiere que tras analizar las conferencias matutinas del titular del Poder Ejecutivo Federal no se advierten expresiones amenazantes y tampoco se desprende de ellas violencia de género, más allá de generar un impacto en las y los interlocutores y detonar una deliberación pública, pues incluso en la mención que se hizo en las conferencias de prensa que señalan en sus quejas, las de los días 29 de junio y 5 y 10 de julio, acerca de las personas que impulsan su candidatura, no se hizo en función de que éstas sean hombres y ella mujer, sino de su afinidad ideológica y pertenencia partidista.

Precisa que en modo alguno pone en riesgo inminente su integridad ni la de su familia o sus bienes patrimoniales, pues conforme al artículo 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 41 de la Ley General de Víctimas, las medidas adoptadas deberán buscar protección de la víctima, ser acordes con la amenaza que trata de conjurar y deberán tener en cuenta la condición especial de vulnerabilidad de las presuntas víctimas ante la afirmación de que los hechos implican una posible afectación a la vida.

La respuesta de la segunda visitaduría general añade que la afirmación de que los datos revelados colocan a Gálvez en posición de riesgo de convertirla en víctima potencial de actos delictivos subraya que éstos representan hechos futuros e inciertos; no obstante, tiene la posibilidad de acudir ante el Ministerio Público que corresponda, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución.

También le sugiere acudir al Instituto Nacional Electoral.