uede una autoridad condenar a un ciudadano con base a lo que ella interpreta o cree que el acusado dijo, o en realidad la sanción debe sustentarse en lo que textualmente esa misma persona real y públicamente expresó? Se supone que esta última opción es la que debe ser el pilar de toda decisión y no la supuesta, imaginaria o interpretativa, pero como a esa autoridad de plano le importa un bledo en el caso de la censura presidencial la primera fue la decisiva, la impuesta.

No es gratuito que el castigado reclame: ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, con copia al Instituto Nacional Electoral, INE), la cual le atribuyó incurrir en violencia política género contra Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador condenó el desempeño de los magistrados por mentir, calumniar y actuar de manera falsaria. Cuestionó que alteraran sus dichos y deslizó: ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero, tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque los convertiría en mártires vivientes ( La Jornada, Alonso Urrutia y Georgina Saldierna).

Algo más: ojalá la gente pueda revisar el expediente, porque me acusan de ¡violencia política de género!, y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esa conferencia. Es realmente grave, y detalló: “¿qué es lo que me acomodan, a ver, qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto: ‘fue elegida (Xóchitl Gálvez) por un grupo de hombres que la han impuesto’. Reverendos falsarios. ¿Cuándo dije eso? Lo que dije fue: ‘no es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba’. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿qué mentira estoy expresando? ¿Qué, no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? (…). Miren lo que pusieron ellos, según esto dije: ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’”.

López Obrador hizo esas precisiones, y otras (la resolución muestra de cuerpo entero a los integrantes del TEPJF; los exhibe, porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras), con lo que queda claro, por si alguien aún tuviera dudas, de qué lado masca la presunta autoridad, utilizando interpretaciones y acomodos para su causa y así justificar la sentencia por violencia política de género.

Por cierto, La Jornada (Lilian Hernández Osorio) informa: “las expresiones atribuidas al presidente López Obrador, por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE efectivamente no coinciden ‘en su literalidad’ en todos los casos, pero así se integró en el expediente del acuerdo que esta comisión envió a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fuentes de este órgano jurisdiccional confirmaron que hubo imprecisiones (…) pues compararon las declaraciones originales del titular del Ejecutivo federal con las integradas en el acuerdo de dicha comisión del INE”.

Pero no sólo en el TEPJF y el INE se arman sentencias a domicilio. En la mañanera de ayer se denunció que el juez federal octavo de distrito en materia de administración de la Ciudad de México, decidió otorgar un amparo a la siempre finísima lady gelatinas por medio del cual ordena al Presidente de la República abstenerse de realizar manifestaciones con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales. Por si fuera poco, ordena abstenerse de transmitir cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan”.

La señora (a quien, según dice, sus seguidores estuvieron chingue y chingue que viniera, órale fírmenle, firmemos en familia, ergo, ¡ayuda!, que me desinflo) puede decir en público cuanta barbaridad se le ocurra –y es muy creativa– y hablar pestes de todo el mundo, con López Obrador a la cabeza, pero se muestra de terciopelo y se ampara cuando ella es el centro de las referencias. Y sí, el mandatario es un funcionario, pero también la hidalguense.

Y el juez, Martín Santos Pérez, es parte de la maquinaria X (González Guajardo y asociados), con la antiética fórmula de interpretaciones y lecturas a modo. Y el amparo a la que chingan y chingan no es el primero que se saca de la manga.

Las rebanadas del pastel

Sencillo: los gobernadores (cuatro, hasta ahora) no pueden frenar el reparto de los libros de texto gratuitos, porque su distribución es una facultad constitucional del Presidente de la República, amén de que esos mandatarios estatales actúan de manera sectaria y politiquera.

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