Cuernavaca, Mor., La impunidad, la corrupción, la obstrucción a la justicia y su presunta vinculación con grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad han sido el sello de Uriel Carmona Gándara desde que fue designado como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos en febrero de 2018 por la 53 Legislatura del Congreso local, en los últimos días de la administración del gobernador perredista Graco Ramírez Garrido, acusaron activistas, organizaciones civiles y familiares de víctimas de diversos delitos.

Por tratarse de una imposición del ex mandatario Ramírez Garrido, el gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), desde que comenzó su mandato, ha buscado destituirlo acusándolo de ser cercano a Graco, pero los diputados, incluso los de Morena, junto con los de la oposición que encabeza PAN, Panal y Movimiento Ciudadano, lo han protegido presuntamente por las ligas que tienen con él y con el perredista.

Blanco acusó en varias ocasiones a Uriel Carmona de no hacer su trabajo porque contaba con la protección de los diputados de la pasada legislatura y la actual, que encabeza el panista y presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala.

En febrero de 2019, el ex futbolista presentó cinco denuncias contra el ex mandatario perredista por enriquecimiento ílicito, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, sin embargo el fiscal las frenó.

Esta situación generó desde el inicio un enfrentamiento entre Blanco y Carmona, quien también ha sido señalado de tener vínculos con el grupo criminal Los Rojos, cuyo líder Santiago Mazari, fue detenido en agosto de 2019.

Además, dos de los más cercanos colaboradores de Carmona, Samuel Nava y Erick Dorantes, coordinador y subdirector de servicios periciales de la FGE, han sido denunciados por presuntamente modificar dictámenes sobre abuso sexual para beneficiar agresores.

El gobernador asegura que Graco Ramírez está detrás de varias denuncias en su contra por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero, por lo que el fiscal abrió en 2022 una carpeta de investigación por supuestos nexos con la delincuencia organizada, luego que se difundiera una foto de Blanco con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Los Tlahuicas.

Varias denuncias

En tanto, el pasado 14 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los ministros de la Suprema Corte protegieron al fiscal, al ratificar que contaba con fuero constitucional.

“Hay una investigación abierta contra el procurador de Morelos… No una, varias denuncias. Y como tiene influencias en el Poder Judicial, ayer (el jueves) desempolvaron un expediente que llevaba como año y medio ahí en el archivo y los ministros, la mayoría, le dan impunidad, resolviendo que solamente puede ser juzgado si lo decide el Poder Legislativo mediante un desafuero, porque se trata presuntamente, de delitos federales”, precisó el presidente López Obrador.

Asimismo, en informes de Seguridad se reveló que Uriel Carmona encargó a diputados locales y autoridades municipales que vigilaran a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum durante una gira que realizó en la entidad el pasado mes de abril; les pidió que pusieran especial atención de lo que hablara con el gobernador, haciendo hincapié en que nadie mete las narices en Morelos sin salir raspada.

Durante cinco años y seis meses, organizaciones sociales, ambientalistas y familiares de víctimas de homicidio doloso y culposo, secuestro, robo y extorsión, se han quejado desde de que el fiscal autónomo no cumplía con su función de procurar justicia.

El asesinato de Samir

Juan Carlos Flores, abogado e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), denunció que el caso de su compañero Samir Flores, quien fue asesinado afuera de su casa, en Amilcingo, municipio de Temoac, el 20 de febrero de 2019, es uno de los más representativos, no esclarecido por la FGE.

“Para nosotros, como Frente, (Carmona) representó: impunidad, corrupción, obstrucción de la justicia como en el caso de Samir Flores y su vinculación con los malosos, aseguró.

En el caso Samir, parecía que estaba más preocupado por dar declaraciones mediáticas del caso, que por hacer su trabajo (que era esclarecer quién mató a Samir y quiénes ordenaron este homicidio), para nosotros obstruyó la investigación para evitar que se llegue a la verdad, aseguró Flores.

En noviembre de 2022, después del feminicidio de Ariadna Fernanda, el FPDTA-MPT exigió la destitución inmediata del fiscal, puntualizó que los homicidios de la joven y de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, demostraban que el narcofiscal se había dedicado a encubrir a criminales desde que llegó al cargo, lo que provocaba que en el estado existiera impunidad superior a 95 por ciento.

La agrupación señaló en ese entonces, que el encubrimiento de Rautel N, presunto autor material del feminicidio de Ariadna Fernanda, por parte de Carmona Gándara, evidenciaba “el verdadero modus operandi del fiscal”, que simulaba, en lugar de dar acceso a la verdad y la justicia.

En los casos de Ariadna y de nuestro compañero Samir Flores se nota falta de seriedad, profesionalismo y rigor científico en los procesos de investigación, apuntó el Frente.

Más feminicidios

Otro feminicidio sin resolver por Carmona Gándara fue el de la diputada Gabriela Marín, ocurrido el 5 de octubre de 2022; 10 meses después, las investigaciones no avanzaron por parte de la FGE, ni porque legisladoras exigieron justicia y la víctima era integrante de la 54 Legislatura.

Por otra parte, Margarita Ceceña fue quemada viva por familiares políticos y directos en julio de 2022, pero no hay ningún detenido por este caso hasta el momento, su padre incluso murió hace una semana rogando justicia. Aseguró que como eran una familia pobre para ellos no la habría.

Siete asesinatos de activistas y luchadores sociales se han perpetrado en Morelos durante cuatro años y medio (de 2018 a mayo de 2023); el periodo abarca el último año de la administración del gobernador Graco Ramírez y tres años y medio que lleva el gobierno de Cuauhtémoc Blanco; y lo peor es que ninguno de estos homicidios ha sido resuelto por la Fiscalía General del Estado, acusaron agrupaciones civiles.

Ana Luisa Garduño fue ultimada en enero de 2022, víctima indirecta del feminicidio de su hija Ana Karen, y quien buscó justicia durante casi 10 años; Rodrigo Morales, activista ambientalista, fue ejecutado en septiembre de 2021; así como Alejandro García Zagal, luchador por el acceso justo al agua, quien fue asesinado en septiembre de 2021 e Isaac Medardo Herrera, ambientalista contra la tala, ultimado en marzo de 2020, entre otros.

En enero pasado, la fiscalía morelense ocupaba el penúltimo (31) lugar en los resultados del índice estatal de desempeño de fiscalías de los estados 2021-2022, según Impunidad Cero y Morelos Rinde Cuentas.