Oaxaca, Oax., El presidente estatal del PRD, Tomás Basaldú, consideró lamentable la vinculación a proceso de Juan Edy G. C., quien era secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAEO), pues se observa la mano del gobierno estatal en el caso.

El dirigente recordó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como al Tribunal Superior de Justicia oaxaqueño, que ambos son órganos autónomos que no tienen por qué obedecer órdenes de la administración que encabeza el gobernador Salomón Jara, y deben actuar de forma imparcial. Lamentamos cómo se está aplicando la ley en el estado y en el caso de Juan Edy, afirmó.

Basaldú asimismo cuestionó la forma en que aparece en la carpeta de investigación el nombre del consejero jurídico del estado de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, y el doble cargo que desempeñó, pues hasta febrero pasado, cuando ya era titular de la consejería estatal, aparecía aún como asesor jurídico de Santa Lucía del Camino, situación que a su ver debe ser aclarada.

Agregó que en la detención de Juan Edy se observan muchos vicios, por lo que dijo dudar si en verdad es culpable de lo que se le señala, o se trata de una persecución contra el TJAEO, con la intención de desacreditar a ese tribu-nal y enviar un mensaje hacia sus magistrados.

Reiteró que la información que ha dado a conocer la defensa de Juan Edy, incluida la orden de aprehensión de éste, se basó en el artículo 217 bis B fracción 8, que ya fue derogado, lo cual es lamentable, quiere decir que lo arrestaron de manera exprés, sin la revisión oportuna del tema.

Hecho lamentable y grave

Consideró a esta situación de suma gravedad y de peligro para la sociedad oaxaqueña, pues implica que cualquier persona que represente un obstáculo para la administración pública estatal podría sufrir persecución, como en este caso.

Agregó que perseguir a un funcionario o ex servidor público por no dar la notificación pertinente, como es este caso, en los tres días que estipula la ley, abre la puerta para un sinfín de procesos, pues hay gran cantidad de denuncias que tienen más de 10 años y no han implicado acceso a la justicia por omisiones de funcionarios, por lo que con base en el caso de Juan Edy, ahora la sociedad podrá denunciar a esos servidores públicos.