El derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014, que afectó ocho municipios sonorenses, dejó daños por 20 mil millones de pesos, 16 veces más de los mil 200 millones de pesos que la empresa de Germán Larrea destinó para atender el daño, por acuerdo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la minera, señala un análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).

La contaminación ocasionada por el colapso de una presa de jales de la planta, considerado en su momento como el peor desastre ambiental de la minería, no se ha remediado, de acuerdo con un análisis oficial.

Además, hay una plaga espantosa: se han abierto más minas en varios municipios y aún siguen explorando; si bien no han otorgado nuevas concesiones, siguen dando facilidades para que operen o se amplíen, señaló Martha Patricia Velarde, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora.

En entrevista, dijo que las comunidades están peor, porque actualmente las mismas autoridades confirmaron los daños y que no hubo remediación del medio ambiente, que el río sigue contaminado, y ahora gran parte de la población tiene plomo en la sangre, arsénico, cadmio, los cuales ocasionan cáncer y problemas cognitivos en los niños.

Por su parte, el Inecc, en el reporte Estimación de las pérdidas económicas por los daños ocasionados a partir del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, realizado este año, señaló: el mecanismo de remediación y compensación de daños no fue diseñado ni implementado con la participación de la población afectada, ya que el fideicomiso para ese fin fue administrado por Nacional Financiera y una comisión de la Semarnat, el Centro Mario Molina y la empresa minera, entre septiembre de 2014 a febrero de 2017, y fue por un total de mil 233 millones de pesos, utilizados para atender algunas de las afectaciones del derrame.

Agregó que se puede determinar que ni el monto pagado por la multa ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario, cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud.