Santiago. La derecha rechazó ayer el pacto fiscal propuesto por el presidente Gabriel Boric para recaudar 8 mil millones de dólares destinados al gasto social, mezclando argumentos que cuestionan la calidad técnica del proyecto y a que condicionan cualquier negociación al cese del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su presunta responsabilidad en casos de corrupción.

Boric lanzó su plan antier, cinco meses después de que fracasara un intento que elevaba el impuesto a la renta, creaba un tributo a la riqueza y a las utilidades no distribuidas por las empresas, todo a lo cual ahora el Ejecutivo se ha desistido por el firme rechazo derechista. Para que exista un pacto fiscal tiene que haber acuerdo y no una imposición unilateral de otra reforma tributaria con otro nombre. Además, el gobierno no se hace cargo de los hechos de corrupción más graves de las recientes décadas en Chile, expuso el líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Javier Macaya.

Desde la oposición, señalamos que mientras no haya responsabilidades políticas no habrá pacto fiscal, agregó.

En tanto, el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, inquirió: ¿cómo le vamos a dar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, no sabemos en qué y cómo se gasta y aún no hay responsables respecto de los recursos entregados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales?

Si bien unos cinco funcionarios de rango medio-alto han perdido sus cargos hasta la fecha, la derecha persigue con encono la salida de Jackson, luego de que se descubriera que militantes de Revolución Democrática (RD) –partido delcual forma parte e integrante del Frente Amplio (FA), la coalición que abanderó a Boric–, desde 2022 crearon fundaciones que obtuvieron dinero fiscal tras firmar convenios con órganos de gobierno que dirigen militantes de RD.

El caso, denunciado por un medio de prensa regional hace dos meses, detonó cual bomba en la presidencia de Boric y en el FA, una coalición juvenil que escaló a la conducción política del país en poco más de una década con un discurso ácido acerca de la vieja política y la democracia de los acuerdos –los pactos que durante 30 años desde 1990 ensayaron la centroizquierda y la derecha y que significó apenas retocar el neoliberalismo instaurado por la dictadura de Pinochet–, además de proclamarse practicantes de una ética superior en asuntos públicos.

Jackson, en agosto de 2022 y siendo ministro secretario general de la Presidencia –el negociador con el Legislativo– afirmó en una reunión virtual: nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió, afirmación que le costó el cargo al desatar la furia de la dirigencia que condujo la transición a la democracia. Y para su desgracia, en medio del caso convenios, ocurrió el robo de 23 computadoras y una caja fuerte –finalmente encontrados por la policía tras lo que pareció ser un robo común– en la sede del ministerio a su cargo, generando suspicacias en su contra.

Las presiones para que sea defenestrado alcanzaron a la Cámara de Diputados, que aprobó enviar un oficio a Boric solicitándoselo, a la vez que la patronal Confederación de la Producción y del Comercio se unió al petitorio.

El martes, Boric tuiteó que quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborará activamente en ello.

Ayer, el agente del Ministerio Público confirmó que se indaga a 32 fundaciones y corporaciones y que hay 19 causas abiertas. El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que se indagan transferencias desde los gobiernos regionales a fundaciones de formación muy reciente, mediante contratos sin garantías o pagos parcializados, con un desajuste entre los objetivos, la experiencia de sus equipos y los servicios que prometieron.

Entre los delitos indagados mencionó fraude al fisco, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y malversación de fondos por al menos 20 millones de dólares.