a secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hizo un llamado a los presidentes municipales de todo el país a coordinarse y trabajar en una misma ruta con la Federación a fin de no ceder ni un palmo de terreno a la delincuencia, pues la construcción de la paz es tarea de los tres órdenes de gobierno, y en seguridad no caben colores ni preferencias políticas o partidistas. En un evento de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM) efectuado en Tuxpan, Veracruz, la titular de la SSPC resaltó la importancia de las autoridades municipales por ser el primer contacto entre autoridad y ciudadanía.

La coordinadora del gabinete de seguridad federal tiene razón al señalar que el combate a la delincuencia y el mantenimiento del orden es una obligación compartida del gobierno federal, los estatales y municipales, pero concretar el rol activo de los ayuntamientos en las tareas de seguridad plantea retos insoslayables, el primero de los cuales reside en la diversidad de los 2 mil 469 municipios y alcaldías del territorio mexicano y las asimetrías entre ellos.

En efecto, cuando se habla de municipios se alude a realidades totalmente heterogéneas; entre las demarcaciones del país privan abismales diferencias en cuanto a infraestructura, servicios, calidad de vida, escolaridad, ingresos, orografía y condiciones climáticas. El aspecto demográfico ilustra de manera impactante estas disparidades: por un lado, con un millón 835 mil habitantes, la alcaldía Iztapalapa tiene más pobladores que los estados de Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Si fuera un país, estaría por encima de una cincuentena de naciones en cuanto a población. En el otro extremo, México tiene mil 658 municipios con menos de 25 mil habitantes, mil 38 con menos de 10 mil y 127 con menos de mil. Ónavas, en Sonora, tiene apenas 365 vecinos. El despoblamiento y la baja densidad demográfica se traducen en la ausencia de instituciones esenciales, desde clínicas hasta cuerpos de policía.

Estas diferencias suponen una dificultad casi insalvable al propósito de plantear un marco común de operación en materia de seguridad. A ellas se añade la histórica debilidad institucional del municipio frente a la Federación y las entidades federativas: además de tener muchas menos herramientas fiscales a su alcance para recaudar los fondos requeridos para su gasto corriente y para contribuir al desarrollo local, en muchas ocasiones no pueden siquiera ponerlas en práctica debido a todo tipo de obstáculos, como su propia vulnerabilidad ante el crimen organizado.

Y es justamente a nivel municipal donde la delincuencia tiene mayores facilidades para infiltrar, cooptar o doblegar a las autoridades y ponerlas a su servicio, sea por complicidad o bajo amenaza. Al respecto, basta con recordar el caso del ex edil de Iguala José Luis Abarca, señalado por múltiples indicios como colaborador de la estructura criminal que asesinó a tres personas y desapareció a 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.

En suma, la secretaria Rodríguez Velázquez atina al exhortar a la unidad y a anteponer el bienestar de los ciudadanos a las pugnas partidistas, pero su llamado obliga a recordar la necesidad de un replanteamiento profundo de las capacidades y facultades de los ayuntamientos. Sin atentar contra el pacto federal o la autonomía municipal, es urgente reflexionar y llevar a la arena pública un debate acerca de la funcionalidad del municipio en su configuración actual, de la posibilidad de rediseñar su institucionalidad mediante procedimientos estrictamente democráticos y de alcanzar un equilibrio de poderes que redunde en beneficio de toda la población.