obladores del municipio de Huitzilac, Morelos, encararon a integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, y bloquearon la carretera México-Cuernavaca en protesta por los operativos que dichas corporaciones llevan a cabo para atajar la tala ilegal que tiene lugar en los bosques que se extienden entre dicha demarcación morelense, las zonas aledañas del estado de México y el sur de la capital del país. Desde el mes pasado, Ejército y GN han localizado y desmantelado nueve aserraderos clandestinos, así como camiones cargados con madera proveniente de ellos.

Los grupos de talamontes son un brazo de la delincuencia organizada con un poder creciente y vínculos claros con otros rubros delictivos, entre los que destaca el narcotráfico. Las agresiones perpetradas ayer y otras anteriores (como el ataque a comuneros de Topilejo en noviembre de 2022) recuerdan de manera preocupante los acontecimientos de Chilpancingo del 10 de julio pasado, cuando alrededor de 5 mil vecinos de la capital guerrerense y municipios aledaños se lanzaron contra elementos de la policía estatal y la GN, tomaron un vehículo blindado y asaltaron varios edificios gubernamentales para exigir que se pusiera en libertad a dos cabecillas del narco local. La demostración de que los criminales ambientales gozan de una base social activa y beligerante es indicativo de un modelo de explotación agrícola desviado, antagonista de los métodos tradicionales para producir alimentos de la tierra en equilibrio con la naturaleza. Pese a esta contradicción, lo cierto es que la deforestación ilegal no podría sostenerse sin la complicidad de un sector del campesinado y de autoridades locales.

La tala indiscriminada de la cobertura forestal es el paradigma de actividad no sostenible, puesto que la obtención de un lucro inmediato destruye la posibilidad de beneficios futuros, y además genera una cascada de efectos negativos que convierten las supuestas ganancias en pérdidas netas para todos los involucrados, excepto para quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide criminal. Al deforestar el entorno se ponen en marcha procesos de erosión acelerada del suelo que al cabo de pocos años terminará con la fertilidad de sus tierras, volviéndolas inútiles para la siembra de cultivos comerciales o para el desarrollo de la milpa, cuya combinación de especies vegetales constituye la base de la dieta mexicana. Asimismo, se priva de los árboles que retienen el agua de la lluvia y la filtran al subsuelo, con lo que se crean o exacerban problemas de desabasto del líquido, el cual deberá adquirirse en las ciudades a piperos, quienes cobran tarifas abusivas frente a la necesidad humana de este recurso. Por último, cuando la tala es impulsada por intereses inmobiliarios que expanden la mancha urbana mediante irregularidades y aceitando la maquinaria de la corrupción, los campesinos quedan expuestos a procesos de gentrificación que los expulsarán de sus lugares de origen sin darles opciones de reasentamiento digno ni fuentes de ingresos.

Por mucho tiempo, los tres niveles de gobierno han negligido el combate a esta actividad delictiva tan o más perniciosa como otras a las que se presta una atención mucho mayor. Los recientes estallidos de violencia vuelven imperativo abordarla desde una óptica multidimensional, como un fenómeno que responde a la desesperanza agraria resultante de décadas de abandono del campo, a la constante búsqueda de nuevos espacios de rentabilidad por parte del crimen organizado o de personas sin escrúpulos que se mimetizan con él, a la voracidad de la industria inmobiliaria y la falta de voluntad o capacidad para poner freno a un crecimiento urbano caótico y depredador.

Las bandas que lucran con el ecocidio deben ser detenidas y desmanteladas aplicando herramientas de inteligencia policial, a fin de identificar la cadena de beneficiarios de este delito y ubicar el destino de la madera extraída. Todos los miembros de estas redes han de ser procesados con apego a la ley, pero también con sensibilidad social y política, pues sería erróneo e inhumano equiparar a un pequeño campesino que facilitó la tala para subsistir con los jefes criminales y con las corporaciones que adquieren la mercancía a sabiendas de sus orígenes delictivos.