a jueza Yadira Medina Alcántara emitió un segundo ultimátum a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para que frenen la impresión y distribución de dichos materiales en tanto no acrediten que sus contenidos concuerdan con los planes de estudio, además de que fueron consultados con los gobiernos estatales y especialistas.

La sentencia de la integrante del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México responde a un amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organismo de ultraderecha que una vez más busca sabotear las políticas educativas del gobierno federal.

En un sentido más profundo, el fallo de Medina Alcántara se inscribe en una doble campaña cuya finalidad última es dinamitar el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) e impedir a las autoridades cumplir con su mandato de actualizar los programas de estudio y proveer a niños y jóvenes de las herramientas pedagógicas precisas para su desarrollo intelectual, profesional, emocional y humano.

El primer brazo de este golpeteo político proviene de organizaciones de ultraderecha como la propia UNPF, que por décadas se han opuesto a cualquier perspectiva progresista en las aulas y hasta la fecha mantienen un cerril rechazo a la educación sexual integral, la laicidad, los enfoques científicos en temas que entran en contradicción con el fundamentalismo católico, la crítica al sistema económico vigente y, en general, a la modernidad, la tolerancia y la solidaridad.

Sea por coincidencia con esos antivalores cavernarios o por su determinación de contrariar sistemáticamente al gobierno federal, los medios de comunicación corporativos, la élite académica y la comentocracia se han sumado con entusiasmo a la cruzada de estas organizaciones ultramontanas contra el cambio curricular.

El segundo brazo de la campaña de desinformación y estigmatización contra los libros de la NEM es movido por la industria editorial, ramo que encontró una mina de oro en los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye de manera gratuita entre los estudiantes como parte de su deber de hacer efectivo el derecho a la educación.

En septiembre de 2018, en las postrimerías del peñanietismo, la Conaliteg informó que de los 140 millones de libros que en ese momento requerían los programas de prescolar, primaria y telesecundaria, sus talleres produjeron apenas 30 millones, mientras el resto de la impresión fue adjudicada a empresas privadas, lo cual se traduce en que 80 por ciento de la producción de los materiales educativos se encontraba subrogada sin más razón que la ideología gubernamental de achicar al Estado para favorecer a particulares.

En febrero de este año, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Hugo Setzer, confirmóla visión que sus representados tienen del Estado como fuente ilimitada de recursos.

Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el líder empresarial denunció la posibilidad de que la SEP desarrolle un libro de texto único para secundaria, lo cual, dijo, dejaría pérdidas millonarias para la industria editorial. Como el mismo Setzer señaló, la cesión de la última fase de la educación básica a las fuerzas del mercado deja mil 500 millones de pesos anuales a la Caniem, es decir, 15 por ciento de sus ingresos.

Ante estos hechos, resulta hipócrita la invocación del interés superior de la infancia por parte de la jueza Medina Alcántara para privar a niñas, niños y jóvenes de insumos imprescindibles para su aprendizaje. Está claro que la defensa del interés superior de la infancia exige asegurar la entrega de los libros de texto gratuitos en cada aula del país en tiempo y forma.

Lo anterior no implica, ciertamente, cerrar los ojos ante las imperfecciones y limitaciones que puedan tener los materiales elaborados por la SEP. Pero lo procedente es que directivos, docentes y educandos hagan las adiciones, correcciones y adecuaciones que sean necesarias, en el entendido de que quienes asisten a las escuelas no son receptores pasivos del conocimiento, sino cocreadores del mismo.

Justamente, la reivindicación de maestros y alumnos como generadores de saber es una innovación de la NEM que no debe ser frenada por el conservadurismo antediluviano ni por la codicia mercantilista.