Ante el aumento del delito de trata de personas a escala internacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, exhortó a las instituciones del Estado mexicano y a las organizaciones civiles a cerrar filas, porque este flagelo debe enfrentarse con acción enérgica de todas las instituciones.

Uno de los principales desafíos en el tema es la detección e identificación de víctimas, las cuales, en oca-siones, no se asumen como tal, advir-tió por separado Rosario Piedra Iba-rra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, Encinas Rodríguez expresó que es un delito muy grave, el cual sólo se puede perseguir si todos los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales y las asociaciones civiles suman sus esfuerzos de manera coordinada.

Llamó a todas las instituciones a fortalecer las acciones y políticas públicas de prevención para impedir que este delito siga creciendo y se mantenga en la impunidad.

En un mensaje, la titular de la CNDH señaló la necesidad de contar con estrategias que tomen en cuenta a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como niños, adolescentes, adultos mayores, personas indígenas y afrodescendientes, entre otras. También personas cuyo paradero se desconoce.

Se trata, agregó, de un asunto prioritario, pues tiene impacto en la vida de las víctimas, sus familias y la sociedad en general.

Para especialistas de la cátedra extraordinaria de trata de personas en la UNAM, este delito no se persigue en muchos casos, pues existen vacíos legales que impiden clasificarlo así, por lo que se requiere una actualización de la ley, además de ajustes al Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas.

Cristina Hernández, integrante de esta cátedra, recordó que en 2022 se registraron 300 denuncias, las cuales ocultan la cifra real, porque son muchos más casos, y lo más grave es que sólo hay 12 sentencias condenatorias.

En tanto, Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México durante la homilía en la Basílica de Guadalupe, aseveró que se redujeron recursos para la persecución del delito.