Morelia, Mich., El mayor obstáculo para el reconocimiento de autoridades comunales y el acceso al presupuesto directo han sido los partidos políticos y algunas autoridades municipales, afirmó el coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Guzmán, quien señaló que suman ya 33 pueblos originarios de las etnias mazahua, nahua y purépecha que cuentan con autoridades electas por el principio de usos y costumbres en asambleas generales.

Expuso que ha habido obstáculos de los ayuntamientos, incluso del anterior gobierno estatal, que encabezó el perredista Silvano Aureoles. Ha sido una táctica para retrasar la entrega del presupuesto directo, pero siempre terminan perdiendo, porque es un derecho internacional, constitucional y estatal.

Por ejemplo, el alcalde de Hidalgo, José Luis Téllez, ha interpuesto amparos y hecho hasta lo imposible por no dar el presupuesto directo al pueblo mazahua de San Matías el Grande, pero tiene hasta el próximo 2 de agosto para entregar los recursos a las autoridades comunales. Es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó el dirigente indígena.

Otro caso es el de Uricho, municipio de Erongarícuaro, donde el edil Juan Calderón ha boicoteado dos consultas ciudadanas (asambleas generales) organizadas por el Instituto Electoral de Michoacán para saber si la mayoría del pueblo está de acuerdo con un gobierno tradicional.

Ha habido otros alcaldes que también intentaron boicotear a los gobiernos comunales, como los presidentes municipales de Los Reyes, Santa Fe de la Laguna y Chilchota, acusó Pável Guzmán.

En el caso de Nahuatzen, se trató de un conflicto político de mucha trascendencia; los habitantes incluso impidieron la colocación de propaganda y la instalación de urnas. Recibieron presupuesto durante un año, pero después se desató una campaña en contra de las autoridades tradicionales y fueron desconocidas, recordó.

La cabecera municipal de Nahuatzen ha sido una de las localidades purépechas que más han luchado por que se reconozca a los gobiernos tradicionales. En 2015 integró un concejo ciudadano indígena que desconoció al entonces alcalde perredista, Miguel Prado, lo que generó conflictos, enfrentamientos y arrestos.

Luego de permanecer más de tres años en prisión, en febrero de 2022, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez Meza, integrantes de dicho concejo, así como el comunero Gerardo Talavera Pineda, fueron liberados, debido a que no se acreditó el delito de sabotaje; asimismo, la SCJN ordenó su libertad inmediata y les fue restituido su derecho a continuar como autoridades comunales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que las 33 comunidades indígenas con autogobiernos en Michoacán disponen de un presupuesto de 364 millones de pesos para obras y proyectos de desarrollo social y productivo, en beneficio de 142 mil habitantes.