La Ciudad de México se mantiene en primer lugar en el delito de trata de personas, con 78 casos en el primer semestre, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus principales modalidades son explotación sexual, explotación laboral y pornografía infantil.

El año pasado, 35 víctimas de trata fueron liberadas y la Fiscalía General de Justicia inició 113 carpetas de investigación, lo que representó 0.1 por ciento del total, aunque el alza en las denuncias la llevó a desarrollar un modelo de protección y asistencia a víctimas.

De acuerdo con datos del gobierno capitalino, dos de cada tres víctimas son mujeres, aunque las niñas, niños y adolescentes representaron 49.7 por ciento de los casos registrados entre enero y octubre de 2022.

En el Día Mundial Contra la Trata de Personas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México expresó la necesidad de reforzar mecanismos para prevenir y perseguir este delito, apoyar a las víctimas y poner fin a la impunidad.

México, afirmó en un comunicado, enfrenta el reto de combatir la explotación sexual, así como otras formas de trabajo forzoso, trabajo infantil y explotación laboral en prácticamente todos los sectores económicos.

Esto se suma al riesgo de explotación que padecen las víctimas de desplazamiento forzado por organizaciones criminales, cuyos principales objetivos son personas que no gozan de un estatus legal o que viven en pobreza, así como las que tienen acceso limitado a educación, atención sanitaria o a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia o abusos, o que proceden de comunidades marginadas.

En la Ciudad de México, todas las víctimas directas o indirectas de trata de personas tienen derecho a la protección, atención y asistencia de las autoridades locales sin importar su situación migratoria, capacidad o voluntad de participar en la investigación.

Hoy, puntualizó, las víctimas deben estar en el centro de las acciones, tanto para su protección como para la prevención y persecución de este delito, a fin de garantizar su acceso a la justicia, a la reparación y a la no repetición.