ntre los diversos componentes de la estrategia de respuesta a la crisis socioambiental que enfrenta nuestro planeta, uno de los de mayor importancia es el cuidado de los bosques, de los que depende en buena medida el sostenimiento de los equilibrios ecosistémicos. Entre muchas otras funciones, los bosques fungen como grandes contenedores de dióxido de carbono de la atmósfera, un gran proveedor de oxígeno y un importante regulador de la humedad y la temperatura de su entorno. Por ello la pérdida de superficie forestal se traduce en la disminución de las precipitaciones, la erosión del suelo, la desertificación del paisaje y la pérdida de mantos acuíferos, todo lo cual acelera el proceso del cambio climático.
El más reciente estudio del Global Forest Watch registró la pérdida en 2022 de 4.1 millones de hectáreas de superficie forestal a nivel mundial, cifra equivalente al tamaño de Suiza; dicho de otra manera: el año pasado cada minuto se perdió un área equivalente a 11 campos de futbol. Entre las causas de dicha pérdida destacan el aprovechamiento forestal, los incendios y el cambio de uso de suelo para la agricultura, la industria minera y petroquímica y la urbanización.
El referido estudio señala a América Latina como la región con mayor deforestación, pues es responsable de 25 por ciento de la superficie forestal perdida a nivel global. México ocupa el octavo lugar mundial en extensión forestal y el quinto en deforestación, con la pérdida de 1.25 millones de hectáreas de bosque entre 2010 y 2020, superficie mayor al estado de Querétaro, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que agrega que 47 por ciento de esta pérdida forestal nacional corresponde a las selvas del sureste mexicano.
En este contexto se advierte mejor la relevancia de las acciones interinstitucionales para salvaguardar los ecosistemas de nuestro país y garantizar la sostenibilidad de su aprovechamiento. Una buena muestra de ello es la experiencia de la que da cuenta el documento Malas prácticas, tala ilegal y deforestación. Proyecto para conocer la situación de los bosques en Puebla, también nombrado Plan Forestal del Estado de Puebla, presentado el 26 de junio en la Universidad Iberoamericana Puebla y que es resultado del trabajo coordinado entre la Semarnat, la Conafor y la Profepa para identificar los factores y actores que causan la pérdida de la cobertura forestal en esa entidad, que en los últimos 20 años perdió 66 mil 300 hectáreas de superficie forestal, equivalentes a 2 por ciento de su territorio.
Haciendo uso de una metodología novedosa en la que convergen herramientas teóricas, tecnológicas y trabajo de campo, el plan reconoce a los principales actores en el manejo de los recursos forestales e identifica las tres causas más relevantes de la pérdida de superficie forestal en la entidad: las malas prácticas, la tala ilegal y la deforestación.
Bajo el rubro de malas prácticas se agrupan las operaciones irregulares en entornos legales de aprovechamiento forestal, las cuales están relacionadas principalmente con vacíos jurídicos, fallas de coordinación interinstitucional, errores de supervisión, vicios burocráticos, colusión entre actores involucrados y una mirada cortoplacista del aprovechamiento forestal. La tala ilegal, que está íntimamente vinculada con las malas prácticas, también suele darse en entornos de aprovechamiento legal, pero donde se extrae un volumen de madera mayor al permitido por las autoridades; esta práctica se ha logrado identificar gracias a la observación satelital y a la revisión de las solicitudes de aprovechamiento forestal. Por último, la deforestación sucede cuando la pérdida de superficie forestal se da de manera definitiva, principalmente debido a cambios de uso de suelo.
Una vez hecho el diagnóstico de actores y factores, el plan propone fortalecer el monitoreo satelital, hacer más eficiente la coordinación entre los actores y las autoridades, actualizar los marcos normativos, acelerar la transición digital, establecer un procedimiento de control de expedición de permisos, revisar la cadena de custodia de la documentación forestal y el establecimiento de un periodo de regularización de los centros madereros, entre las acciones más importantes.
La elaboración de este plan supone un importante primer paso, a cuyas acciones será fundamental dar seguimiento desde la sociedad para que las instituciones responsables de la regulación del aprovechamiento forestal garanticen su efectivo cumplimiento. Por ahora, hay que dar la bienvenida al Plan Forestal de Puebla, que representa un referente nacional en pos del necesario replanteamiento de nuestros modelos de aprovechamiento forestal y ejemplifica el positivo impacto que las instituciones públicas pueden tener cuando ejercen su voluntad política para atender las necesidades y urgencias de la sociedad.
Una vez más, hay que recordar que el deterioro ambiental es, en realidad, una problemática socioambiental, por lo que no se le puede atender con eficacia sin una mirada transversal, interdisciplinar, colectiva y sistémica. El ritmo acelerado al que avanza la crisis de cambio climático exige a las sociedades e instituciones acelerar también y profundizar sus estrategias de articulación para atender sus causas estructurales, como lo son el sistema económico extractivista, acumulativo y desigual; e impulsar el cambio de nuestras pautas de consumo, que hoy por hoy constituyen la principal amenaza para nuestros bosques y selvas, de las que depende la vida de nuestro planeta.
