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Nuevo presidente del Congreso peruano es investigado por estafa
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de julio de 2023, p. 25

Lima. El Congreso de Perú eligió ayer a su nuevo presidente; se trata de Alejandro Soto, del partido Alianza para el Progreso, quien acumula más de una decena de investigaciones fiscales y ha demandado a periodistas, lo que generó algunas protestas fuera del recinto.

Soto, quien remplaza a José Williams, dijo ser hombre de principios y añadió que su elección, en un momento de innegable crisis política, tiene como misión recuperar la imagen del Congreso, que tiene 90 por ciento de desaprobación, según encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de este mes.

Durante su elección, los legisladores Flavio Cruz y Alex Flores mostraron su cédula de votación, en la cual escribieron Dina, renuncia. Tras rendir juramento al cargo, Soto nombró a Hernando Guerra García, Waldemar Cerrón y Roselli Amuruz como primer, segundo y tercer vicepresidentes del Congreso.

En momentos difíciles para nuestro país, que atraviesa una innegable crisis política, asumo el compromiso de la representación nacional para presidir el Congreso de la República el periodo 2023-2024, dijo Soto.

El legislador enfrenta 17 indagatorias que incluyen presuntos delitos de estafa, falsedad genérica y falsificación de documentos. Soto no se ha pronunciado sobre este tema, aunque ha interpuesto 14 demandas contra seis periodistas en su natal Cusco.

Protestas durante la elección de Alejandro Soto

Mientras se realizaba la votación, afuera del Congreso decenas de personas protestaban contra decenas de legisladores que están bajo investigación fiscal por acusaciones de presunta corrupción. Cerremos el Congreso, fue la consigna.

Elementos de la policía reprimieron a los ciudadanos que realizaban un plantón frente al recinto. Varios fueron golpeados y perseguidos, entre ellos el reportero Juan Zapata, del canal de noticias Wayka, informó Telesur.

Mientras, la Fiscalía anunció que presentó una petición para obtener información clasificada por las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 contra la presidenta Dina Boluarte.