El Comité de Participación Ciudadana (CPC), organismo que preside el Sistema Nacional Anticorrupción, manifestó ayer su rechazo a la eliminación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAEO). En un documento, calificó la maniobra legislativa que desapareció el organismo de gravísimo golpe al estado de derecho.

En tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos de la entidad expresaron su preocupación por el desaseado proceso mediante el cual el Congreso local desintegró, a propuesta del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, el TJAEO, y creó, con la imposición de nuevos magistrados, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO).

El pasado sábado, en dos sesiones expeditas, la 65 Legislatura, de mayoría morenista, eliminó el TJAEO y creó el TJACCO. Con el cambio destituyó a los 12 magistrados existentes y nombró a siete nuevos.

El CPC destacó que la desaparición del TJAEO se hizo sin un análisis exhaustivo del retroceso que representa para el pueblo de México. El tribunal fue desbandado y rensamblado con magistrados titulares afines al poder, lo que constituye un gravísimo golpe al estado de derecho que nos perjudica a todos.

Subrayó: Resulta fundamental construir procesos eficaces de responsabilidad para destituir a malos magistrados y magistradas, y a la par, generar condiciones de autonomía, promoción y permanencia de aquellos buenos perfiles.

Al expresar su rechazo enérgico a lo que llamó ejercicios antidemocráticos, el CPC adelantó que convocará a un análisis con las voces más conocedoras para coadyuvar con la pedagogía del daño que estas dolosas acciones generan a toda la ciudadanía.

En Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario, consideró grave el viciado proceso legislativo, al que calificó de movimiento avasallante, tóxico y hasta criminal de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el TJAEO.

La forma en la que se operó esta elección de siete magistrados, en un fin de semana previo a la Guelaguetza, es muy grave, opinó.

Sobre la designación de los siete magistrados, tres de la sala superior y cuatro de las dos salas unitarias, subrayó que es preocupante que la sociedad a la cual supuestamente van a defender no los conozca, y más aún que no se hayan publicitado los perfiles y tampoco se hayan sometido a concurso.

Es delicado que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan hecho una jugada tan oscura al elegir a magistrados de un orden trascendental, reprobó Sánchez Maya.

Refirió que si bien pudieron existir actos de corrupción en el TJAEO, también existen procesos para sancionar a los magistrados; sin embargo, tanto el gobernador Salomón Jara como los diputados avalaron la eliminación de un órgano de justicia y la creación de otro con un proceso muy sucio, cosa que los oaxaqueños no merecen.

Reproch;o que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Eduardo Pinacho Sánchez, no haya opinado siquiera sobre este asalto al Poder Judicial y al TJAEO.

Mencionó que entre los nuevos magistrados del TJACCO se encuentra Raúl Oswaldo Bernal Flores, quien hasta hace unos días era visitador general del TSJE y, por consiguiente, colaborador cercano de Pinacho Sánchez.

Maurilio Santiago Reyes, del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas AC, refirió que de acuerdo con las acusaciones contra el TJAEO, principalmente lo oneroso de los salarios de los magistrados y lo que cuesta al pueblo de Oaxaca la operación del tribunal, era necesario un cambio, pero no de esta forma, pues ante todo se deben respetar la ley y los procedimientos.

Aquí se está violentando precisamente la transparencia, pues todo este proceso no se realizó ante los ojos de la sociedad, sino en sábado y en dos sesiones extraordinarias que duraron en conjunto menos de 25 minutos, sin que los oaxaqueños pudiéramos siquiera conocer a los siete nuevos magistrados, expuso.

Consideró que el mensaje enviado por Jara Cruz y su administración al elegir a los nuevos togados es muy claro: Sin ningún requisito más que estar bien a los ojos del gobernador y los diputados, se puede ser magistrado.

Apuntó que ante estas acciones tan oscuras, los magistrados destituidos tienen el derecho de interponer los amparos correspondientes; incluso, añadió, este caso puede escalar a nivel internacional, ya que pueden recurrir ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados para la defensa de sus derechos.

Señaló que esta reforma afectará a una gran cantidad de trabajadores, quienes seguramente serán despedidos, ya que al reducirse el número de salas también lo hará el número de empleados, lo que no se ha informado hasta ahora, y ello propiciará violaciones a los derechos laborales.