no de los rasgos que han caracterizado el prohibicionismo de la fiesta de toros en México, con demandas ridículas a cargo de grupúsculos subvencionados y juececitos a modo, es el ofensivo silencio guardado por empresas y gremios taurinos. Entre abogados te veas, se titula el artículo que Xavier González Fisher (Aguascalientes 1959), notario público, bibliófilo taurino, investigador acucioso, autor del libro Tocados por los duendes, presidente varias veces del Centro Taurino México España y director del portal laaldeadetauro.blogspot.com publicó en el número más reciente de la revista del Club Taurino de Pamplona, y en el que exhibe el trasfondo de tantos estira y afloja legaloides.

A la caprichosa oferta de espectáculo de las recientes décadas en la Plaza México se añaden “las líneas de argumentación de estos grupúsculos demandantes que van en torno al hecho de que los festejos taurinos le impiden vivir a sus integrantes y a la sociedad en su conjunto ‘en un medio ambiente sano’. Más recientemente, añadieron a sus reclamos el hecho de que los toros son ‘sacrificados’ sin seguir la normativa legal aplicable para el sacrificio de animales, como si las plazas de toros fueran un rastro o matadero más o una clínica de eutanasia animal”.

Añade González Fisher: “En la Ciudad de México, donde se inició la cadena de infortunios, promueve el asunto una asociación civil denominada Justicia Justa, representada por el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, titular de uno de los bufetes más destacados de la capital mexicana, con unas tarifas inaccesibles al común de los mortales. A Pérez de Acha lo conozco desde que éramos estudiantes hace casi medio siglo. Aficionado a la pesca en aguas profundas –la que sigue practicando–, fue mi compañero en los tendidos de la Plaza México en más de alguna oportunidad. Así que no puedo asegurar que su actuación en estos despropósitos se deba a algún acendrado ‘amor por los animales’ o a su deseo de preservar el medio ambiente.

“En cuanto se hizo pública la suspensión, visto que los demandantes solamente señalaron como afectado a la empresa de la plaza, diversos matadores de toros y novilleros, subalternos, monosabios y quizás hasta ganaderos comparecieron al juicio a pedir que se les considerara tal calidad. El juez de distrito que conoce del asunto –Jonathan Bass Herrera– les negó a todos y cada uno esa calidad de afectados. Lo anterior motivó que se recurrieran esas decisiones y que se suspendiera por casi un año. Al final, todas esas actitudes parecen confirmar lo que muchos aficionados pensamos: que Espectáculos Monterrey, la propietaria de la plaza, es decir, la familia Cosío y el arquitecto Javier Sordo –ganadero de Xajay y con intereses en la empresa de la México– son los que subvencionan el pleito contra la organización de festejos en la Plaza México y que es de sus cuentas de donde se paga al costoso bufete que patrocina a Justicia Justa y que, por ende, Luis Manuel Pérez de Acha no actúa pro bono.

Y es que entre la Plaza México, su vecino, el estadio Azul y el adyacente centro comercial con frente a la avenida de los Insurgentes, hay cerca de ocho hectáreas de suelo urbano en una ubicación inmejorable. Bailleres, Sordo y Cosío ya tienen historia en el derribo de plazas de toros, pues en alguna medida participaron en el del Toreo de la Condesa en los años cuarenta del pasado siglo y en la edificación de un almacén de lujo en su sitio. No es que se sea catastrofista, pero como las cosas se van alineando, no hay otra idea para adoptar. Ya veremos a quien le da el tiempo la razón.