a Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales cumple 29 años. A petición de un grupo de ciudadanos y partidos políticos de la oposición, el entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo (de grata memoria) solicitó al procurador General de la República la creación de una fiscalía encargada de investigar y perseguir los delitos electorales. Así, el 19 de julio de 1994 nacería en un contexto convulso causado por el asesinato de Colosio, el levantamiento del EZLN y un esperado choque de trenes entre PRI, PAN y PRD.

La debilidad de la fiscalía electoral complicó su actuación y durante muchos años pasó prácticamente desapercibida. En 2006 las prácticas realizadas desde el poder presidencial permitieron que mediante un fraude electoral Felipe Calderón llegara a Los Pinos y los responsables quedaran impunes. En 2012, los gastos de campaña fueron 13 veces más de lo permitido por la ley en favor del candidato del PRI. Sin embargo, la fiscalía se mantuvo estática y no hubo sancionados por esas prácticas ilegales.

La Fiscalía Electoral ha enfrentado grandes dificultades para un adecuado funcionamiento. La Ley General en Materia de Delitos Electorales que sirve de marco a la institución, resulta de difícil aplicación derivado de su ambigüedad y la mala redacción de los tipos penales. Otro problema que enfrenta es que los actores políticos presentan cientos de denuncias sin datos de prueba que ayuden a las investigaciones, saturando el actuar de la fiscalía por razones de competencia política.

el 2024 será otra prueba de fuego para la fiscalía electoral, porque se prevé una contienda cerrada y la tentación de cometer fraudes e irregularidades podría ser mucho más grande. El contexto político actual es diferente al de 1994 cuando surgió la fiscalía, y los retos distintos, ya que ahora desde el poder presidencial no se fomentan los fraudes, sino que se previenen. Un factor de esperanza han sido las mesas de seguridad, donde se reunen periódicamente todas las instituciones que tienen que ver en con el tema electoral. Se podrían fortalecer los presupuestos de la ley penal electoral, pero esto es difícil por la proximidad del proceso electoral que inicia en septiembre, y se necesitaría un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, pero dado el clima de crispación que estamos viviendo, sería altamente improbable que ésta se lograra.