El inesperado pase a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Guatemala de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, un partido que surgió hace siete años de la inconformidad y las protestas sociales, hizo temer a las élites y a los sectores de lo que la ex fiscal general del país Claudia Paz y Paz llama pro-corrupción y pro-impunidad. Por ello, varios órganos de justicia intentan enturbiar el proceso con acciones abiertamente ilegales y arbitrarias.

En entrevista, la reconocida penalista, actualmente directora del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) en Costa Rica, explica desde el punto de vista jurídico algunas de las claves de la crisis electoral en curso. Durante su gestión frente a la Fiscalía General se abrió la posibilidad de juzgar por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt, entre otros procesos emblemáticos. Tuvo que salir del país. También fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa entre 2016 y finales de 2022.

Inmediatamente después de las elecciones del 25 de junio, la Corte de Constitucionalidad intentó forzar ilegalmente un recuento de votos. Le siguió el Ministerio Público y el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche, que anunciaron la suspensión del Movimiento Semilla. Antier, policías y el ministerio público consumaron el allanamiento de la sede del partido y sustrajeron documentación. Días antes, hombres encapuchados robaron documentación del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Todo esto, señala Paz y Paz, es delito; es grave e ilegal. Ningún juez tiene la potestad de cancelar a un partido político en medio de un proceso electoral. La ley es súper clara. La arbitrariedad fue tan evidente que la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos y otros países y sectores condenaron estas acciones.

Arévalo pudo reanudar su campaña el fin de semana anterior, entre multitudinarias manifestaciones de apoyo, después de lograr un amparo de la Corte Constitucional (que antes intentó bloquearlo).

Ganó el descontento, se votó contra el sistema

–Da la impresión de que lo que sucedió estos días fuera un golpe de Estado prelectoral para bloquear el paso a una alternativa diferente a la presidencia.

–Sin duda. Todos estos intentos vienen de esta sorpresa que dio el Movimiento Semilla. No lo esperaban. Apostaban que quedaran en los dos primeros lugares Manuel Conde, del partido oficialista Vamos, y Zury Ríos, quienes representan de mejor manera los valores conservadores.

Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, obtuvo el mayor número de votos después de un cuestionado recuento que alteró el resultado inicial, que ponía a Arévalo a la cabeza. Conde quedó en un remoto tercer lugar. Y Ríos, la favorita, hija del dictador Ríos Montt, de la alianza ultraderechista Valor y Unionista, cayó al sexto lugar).

–¿Cómo se explica que las encuestas hayan encubierto tan bien la intención del electorado?

–Yo no sé si lo que reflejaron las encuestas es porque la mayoría no dijo realmente por quien iba a votar o en parte fue que no sabían por quien iban a votar y se definieron por el Movimiento Semilla en los últimos momentos. Lo que sí fue muy contundente fue el sufragio contra del sistema. Juntos, los votos nulos y en blanco, obtuvieron la mayoría: 25 por ciento del padrón. Lo relevante que demostró la primera vuelta es esa expresión de descontento con lo que estaba ocurriendo.

La responsabilidad de Giammattei

–¿Quiénes son los responsables de querer enturbiar las elecciones?

–Para ver de quiénes son las responsabilidades, hay que decir que Vamos, el partido oficial, presentó de manera infundada los primeros recursos de queja respecto de un presunto fraude. Es en parte responsabilidad del presidente Giammattei, aunque él ha sacado declaraciones de que va a respetar las elecciones. Y en todo está la mano de la fiscal Consuelo Porras.

–¿Qué dice esta crisis del sistema de justicia de Guatemala?

–Desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2017, se ha dado una constante cooptación, por parte de estos poderes pro-impunidad y pro-corrupción, de los órganos de justicia que deberían ser independientes. El Ministerio Público está prácticamente tomado por la fiscal general. Ella debió haber terminado su periodo en 2022. Pero la Corte de Constitucionalidad intervino para obligar a los integrantes de las comisiones de postulación para que el presidente la volviera a nombrar.

En este último episodio, Porras se ha ido quedando más sola, más aislada. Pero todavía hay un peligro: que siga intentando criminalizar a integrantes del Tribunal Supremo Electoral, a las personas que trabajan en el registro de ciudadanos o a integrantes de Semilla.

–¿Al propio candidato Bernardo Arévalo?

–Él goza de antejuicio (fuero), pero se podría intentar que le retiren el antejuicio y pongan un proceso penal en su contra. Por eso el juez da la orden de suspensión del partido. Su teoría del caso es que había firmas falsas. Pero eso ya es absolutamente extemporáneo porque ese partido ya compitió en las elecciones anteriores.

Semilla tiene registro desde 2017, un partido relativamente joven que surgió de los grupos de inconformes que salieron a protestar masivamente en 2015 contra los numerosos casos de corrupción.

Un desafío ante la crisis

–¿La fiscal Porras, tiene cuentas pendientes con la ley?

–Sí, varias denuncias que no han procedido. Una de las causas es que los funcionarios del MP deben tener carrera fiscal. Y ella ha destituido a los MP que tienen a su cargo casos de gran corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos, rompiendo el sistema de carrera. Ese es un caso clásico de abuso de poder, es un delito. Y la semana pasada cometió otro delito al intentar que se ilegalice un partido político.

–Desde 2021 han sido criminalizados, despedidos o trasladados 32 fiscales, abogados o jueces que defendían casos de derechos humanos o corrupción. Hay cuatro fiscales en el exilio. Se habla de un desmantelamiento del sistema de procuración de justicia. ¿Queda en Guatemala alguna instancia con independencia o facultades suficientes para enjuiciar a Consuelo Porras?

–Ese es el gran desafío. Todas las cortes fueron cooptadas por ella. Entonces, para que rinda cuentas se tendría que nombrar a un fiscal especial, porque ella no se va a investigar a sí misma ni adelantar un proceso penal en su contra. Además, también tiene derecho de antejuicio. Pero las cortes tendrían que haberse renovado hace cuatro años, se venció su plazo de nombramiento. Esperemos, que pronto, ojalá, se integren las nuevas cortes y termine este nuevo mandato que está arbitrariamente prolongado.

–En el periodo en el que estuviste al frente de la Fiscalía se logró resquebrajar la impunidad en muchos terrenos, pero significativamente en los crímenes de guerra. ¿Qué tanto se logró profundizar y hasta qué punto está interrumpido?

–Hay una fuerza fundamental que es de las víctimas, de los sobrevivientes. Ellos han seguido alzando la voz, insistiendo y presionando para que la rendición de cuentas y procuración de la ley avance en estos casos. Y siguen, a pesar de todo.

Ahí está el caso del Diario Militar, que es una lista de 183 casos de desaparición forzada, casi todas las víctimas urbanas, que está en etapa intermedia y que es sumamente importante. Hay en marcha otros dos casos en materia de genocidio. Los casos no se han paralizado del todo, aunque algunos jueces y funcionarios que estaban a cargo de las investigaciones sí han tenido que salir del país.