Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó ayer un decreto que limita el acceso a armas y municiones para civiles, dando marcha atrás a una política de su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022).

La firma se dio durante una ceremonia en el palacio del Planalto, como parte del programa presentado junto a su ministro de Seguridad, Flávio Dino, que incluye otras medidas y propuestas enfocadas a disminuir la violencia en Brasil.

El decreto reduce el número de armas que los civiles pueden tener para su seguridad personal de cuatro a dos, la cantidad de municiones para cada arma de 200 a 50 cartuchos, y exige tener documentos para demostrar que necesitan poseerlas.

Además, prohíbe a los civiles la posesión de pistolas 9 mm, cuyo uso queda restringido a la policía y el ejército. Además, disminuye de 30 a 6 el número de unidades para cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores. También limita el horario de funcionamiento de los clubes de tiro, que además deberán operar al menos a un kilómetro de distancia de escuelas.

El gobierno presentó también un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra actos antidemocráticos o ataques contra autoridades, y otro que eleva las penas contra la violencia en escuelas.

Vamos a continuar luchando por un país desarmado, dijo Lula tras firmar la norma. Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas.

El mandatario intenta revertir la proliferación de armas entre civiles, que avanzó durante la administración del ultraderechista Bolsonaro, un ex capitán del ejército.

El ex mandatario argumentó durante su gestión que los buenos ciudadanos debían tener derecho a proteger a sus familias y bienes, y flexibilizó las disposiciones sobre la posesión. Aunque la Constitución de Brasil no concede el derecho a poseer armas, Bolsonaro alegó que un pueblo armado jamás será esclavizado.

Según cálculos de la ONG Instituto Sou da Paz, el número de pistolas y fusiles en poder de los civiles se ha más que triplicado a 2.9 millones en un país de 214 millones de personas marcado por la violencia de pandillas y la inseguridad.