Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció ayer una investigación por casos de falsos positivos (ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército presentadas como resultado de combates con guerrilleros) entre 2005 y 2008, en la que podría citar de testigos a los ex presidentes Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018).

La respuesta es sí, claro que sí. Cualquier juez de la república puede llamar a personas como testigos, señaló la magistrada Catalina Díaz durante una rueda de prensa. Díaz aclaró que la eventual citación sería única y exclusivamente para que participen en calidad de testigos, debido a que la JEP (mecanismo de justicia transicional por el que se investiga y juzga a todas las partes involucradas en el conflicto interno colombiano iniciado en los años 60) no tiene la competencia de procesar a ex presidentes.

Es importante precisar que la JEP no tiene jurisdicción para abrirles una carpeta como presuntos responsables; eso se definió claramente en la Constitución y la ley, y así viene determinado desde el acuerdo final. Como testigos podrán convocarse, recalcó.

Analizan citar a dos ex presidentes

Conocidas en el argot militar como falsos positivos, la mayoría de las ejecuciones de civiles se cometieron durante el periodo presidencial del derechista Uribe y son el mayor escándalo que envuelve al ejército colombiano. Oficiales y soldados han confesado su participación ante el tribunal de paz, en busca de beneficios penales.

La investigación busca establecer las máximas responsabilidades de la cadena de mando militar en Colombia que efectuaron ejecuciones extrajudiciales a civiles haciéndolos pasar como bajas de guerrilleros en combate.

Actualmente, la JEP investiga 6 mil 402 casos de falsos positivos cometidos entre los años 2002 y 2008, esto es, bajo la administración de Uribe, en la que Santos se desempeñó como ministro de Defensa.

La JEP nació tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.