na nueva propuesta de reforma migratoria está circulando en los pasillos del capitolio y en las calles de Washington. La representante por Florida, María Elvira Salazar, republicana y de origen cubano, propone una nueva ley que otorgue dignidad a los indocumentados y abra un camino a la legalización y la ciudadanía.

Se trata de una ley de corte típicamente paternalista y con trasfondo religioso, con una mano castiga y reprime, con la otra conforta y enseña el camino de la redención.

María Elvira Salazar fue periodista televisiva y se especializó en entrevistas de alto impacto, como la que le realizó a Fidel Castro, Pinochet y pretendió entrevistar a Vladimiro Montesinos, la mano siniestra de Alberto Fujimori y con ayuda de, la no menos siniestra, Laura Bozzo, con quien compartía tiempo en Telemundo.

Después de algunas escaramuzas electorales Salazar llega a la Cámara de Representantes y ha tenido posiciones francamente conservadoras y algunas progresistas, apoya la causa pro vida en contra del aborto, está de acuerdo con el embargo a Cuba y propone revisar la ciudadanía por nacimiento; por otra parte, apoya a los dreamers y una solución definitiva a DACA y matiza su apoyo a Donald Trump. Es católica y escribió el libro Si Dios está contigo, quién contra ti, que fue muy difundido.

Su propuesta se concreta en cuatro puntos. Primero propone asegurar la frontera, con alta tecnología, sanciones muy fuertes a los trasgresores y otorgar dignidad a la patrulla fronteriza con apoyo y mejoras salariales. En segundo lugar, plantea terminar con la práctica de capturar y liberar, llamada catch and release, y ofrecer un programa efectivo y eficiente de asilo, que debe resolver, con personal especializado, los casos particulares en no más de 60 días. De este modo se acabaría con el atraso en los juzgados y que los casos pendientes duren años y los solicitantes se pierdan y pasen a la irregularidad. En tercer término, se propone modernizar el sistema de contratación legal de trabajadores, ofrecer seguridad y garantías a empleadores y evitar que los migrantes ocupen puestos de trabajo que pueden realizar los ciudadanos.

Finalmente, se otorgaría el estatus de dignidad, por siete años, a los migrantes irregulares que tengan más de cinco años en el país, que hayan tenido buen comportamiento y que no tengan deudas pendientes con la autoridad. Estos migrantes deberán pagar 5 mil dólares, a lo largo del periodo, o se les descontará de su salario 1.5 por ciento para cubrir esta cantidad. En total se podrían recaudar unos 45 mil millones de dólares, lo que se supone correspondería a unos 9 millones de migrantes que se acojan al programa.

Por otra parte, los migrantes no podrían acceder a ningún programa de gobierno y tendrían que pagar un seguro de salud privado. Una vez cubiertos los siete años, se podría proseguir en el programa u optar por la nacionalidad en cinco años más y con un cobro equivalente al anterior. No se dice nada, por ahora, sobre la situación en que quedarían los menores de edad y si los DACA o dreamers podrían acceder al programa.

Con este estatus el migrante podría trabajar en cualquier lugar de Estados Unidos y también podría viajar al exterior, lo que resuelve una demanda muy sentida por los migrantes que perdieron contacto de manera forzada con su familia y no pueden ir a visitar ni enterrar a sus familiares.

Con el cobro y las condicionantes propuestas se solventa uno de los escollos de toda reforma migratoria; esta ley no puede considerarse como amnistía, se afirma que hay que pagar para poder acceder a la dignidad. Finalmente, sólo se podrá acceder a la ciudadanía cuando la frontera sea segura, lo que es sujeto a interpretación.

La congresista tiene a su favor que es proactiva, comunicadora, republicana, de origen cubano y al ser una propuesta bipartidista cuenta con algunos apoyos demócratas y republicanos. En contra, tiene toda una caterva de republicanos extremistas, entre ellos Trump, que no aceptan ningún tipo de solución, salvo la deportación.

El tiempo dirá. Recordemos que la última reforma migratoria, de 1986 (IRCA), la firmó Reagan y se regularizaron 3.5 millones de indocumentados. La propuesta trata de evadir tres asuntos espinosos: que se trata de una amnistía, que no tendrá costos para los contribuyentes y que sería la frontera segura de manera definitiva.

La última es la más difícil de cumplir, los flujos migratorios son dinámicos y cambiantes, no se puede legislar de manera definitiva.