La trata de personas en Latinoamérica es un fenómeno social y un delito que responde en sus orígenes a razones estructurales. Y resulta de vital importancia reconocerla en toda su dimensión si se pretende caminar hacia el objetivo de erradicarla. De hecho, en todos los países de la región existen legislaciones que penalizan a los victimarios y en muchas ocasiones promueven la reparación para las víctimas, sin embargo, aún con la plena vigencia de esas normas y las políticas públicas que las acompañan, en la región, lejos de erradicarse la trata de personas, parece como mínimo consolidarse o incluso expandirse.
Si en Latinoamérica se busca eliminar definitivamente este flagelo o al menos comenzar a acotarlo en sus procesos de reproducción es urgente avanzar en las causas estructurales que se encuentran en su origen. Estos factores pueden ser divididos en dos grandes apartados: las condiciones materiales y las condiciones simbólicas. Ambas condicionalidades pueden ser comprendidas como la situación de violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales que sufren amplias franjas de la población.
Veamos en primer lugar las condiciones materiales. El informe de 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se da cuenta de una región en la que para el año 2022, 201 millones de personas (32,1% de la población) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema, con lo cual, las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles pre-pandemia.
En esa misma dirección y rescatando otros datos de la CEPAL, se señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.
Estos datos confirman la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de pobladores, y si no se desea recurrir a datos estadísticos alcanza con observar la realidad de miles de latinoamericanos ejerciendo sus derechos a la movilidad humana en marcha hacia la frontera de México con E.E.U.U., o los ciudadanos venezolanos que avanzan hacia Colombia, Ecuador y Perú y muchos de ellos con la esperanza de radicarse en Chile o Argentina. La búsqueda incesante de alcanzar estabilidad económica y alejarse de sociedades hundidas en la violencia es el combustible que dota de energía a estas corrientes migratorias, y en otros casos la obtención de lo mínimo indispensable para vivir transforma a miles de personas en materia prima para la trata de personas, tanto para ser explotadas sexualmente como en espacios laborales.
En lo que hace a las condiciones simbólicas es importante poner el acento en el tipo de subjetivación que opera. En esa dirección es importante tener en cuenta que el mercado interviene a la hora de intentar determinar los diferentes mundos simbólicos, de manera tal que el/la sujeto/a se transforma en consumidor/ra. Pero además es vital comprender que la preeminencia de la lógica del mercado en un mundo neocolonial/neoliberal también transforma a los/as sujetos/as en mercancía. El mercado sustrae al sujeto/a de su emocionalidad y capacidad vincular operando como lo describió Marx, una desvalorización del mundo humano que crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. La integralidad del sujeto bio-psico-social, se ve reducida a una corporeidad – objeto destinado al consumo a través de la explotación en el sector agrario, minero o en la explotación prostibularia.
Estas condiciones materiales y simbólicas abarcan la realidad de toda Latinoamérica y luego se hacen presentes en la producción de realidades particulares. La realidad puntual de las mujeres colombianas, ecuatorianas o venezolanas que encontramos explotadas en prostíbulos de la Costa Azul es diferente de las mujeres paraguayas que sufren la misma explotación en las cercanías de los campos petroleros de la Patagonia argentina, pero las condiciones materiales y simbólicas para llegar allí son las mismas. La situación de niñas y niños explotados en la producción de la floricultura en Chiapas son diferentes de las niñas y niños explotados en la producción de arándanos en Entre Ríos, Argentina, pero las condiciones estructurales son las mismas.
Una de las formas que asume la trata de personas en Perú se da en la actividad pesquera. Una empresa de pesca comercial se acerca a una comunidad desfavorecida con la promesa de una vida mejor. A los hombres se le prometen altos salarios a cambio de trabajar en el barco. Se dan cuenta de que han sido engañados cuando se ven obligados a trabajar más de 20 horas por día con comida limitada, sin descansos y con poca o ninguna paga. Si un trabajador amenaza con rebelarse, puede ser torturado o simplemente arrojado por la borda. Aislados en un barco, a merced de la mar embravecida, los trabajadores obedecen para proteger sus vidas.
El siguiente caso es de Argentina. Allí, en la provincia de Córdoba, descubrieron tres plantaciones de maíz pertenecientes a una multinacional, donde los trabajadores eran tratados como esclavos. Ninguno de ellos se podía retirar sin autorización de quien los controlaba y la mayoría del salario quedaba en manos de la empresa. Casi la totalidad de las personas rescatadas eran oriundas de un pueblo de la Provincia de Santiago del Estero y sus condiciones de vida eran de absoluta precariedad.
También en estos dos últimos casos de trata con fines de explotación laboral las situaciones son disímiles, pero las condiciones estructurales son las mismas.
Tal vez haya llegado la hora en la cual nuestros Estados deban poner el foco en el diseño de políticas públicas que ataquen las raíces del problema, claro, siempre que el objetivo declamado (erradicación) coincida con el efectivamente buscado. Todavía estamos a tiempo. •