Las ministras Yasmín Esquivel Mo-ssa y Loretta Ortiz Ahlf plantearon ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que cualquier reforma al Poder Judicial de la Federación debe garantizar su independencia. El ministro Javier Laynez Potisek resaltó como deuda del Estado el fortalecimiento de la justicia social.

Los tres ministros asistieron ayer a la cámara a conocer las conclusiones de los conversatorios organizados por Morena para analizar el cambio de mecanismo de designación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una reunión definida como inédita y republicana.

Esquivel Mossa recordó su llamado a reflexionar en una gran reforma estructural del Poder Judicial federal y en los estados. En el contexto del debate sobre la actuación de la SCJN y los jueces, dijo que los tribunales no debemos ser ajenos a la crítica ni desconocer que la sociedad desconfía en la impartición de justicia. Incluso consideró que los poderes Judicial y Legislativo requieren mantener el diálogo. “Ustedes hacen las leyes y nosotros las aplicamos. Somos un binomio que no puede estar divorciado… La división de poderes no significa enfrentamiento, sino colaboración y diálogo para lograr un mejor país”.

Consideró que la función judicial es una de las columnas vertebrales de la organización de cualquier Estado, con independencia de los factores políticos e ideológicos que inciden en la conformación de sus instituciones.

Ortiz Ahlf presentó un desglose de los sistemas de elección de jueces y ministros en otros países, y explicó que si bien no existe un modelo único, la separación e independencia de los poderes públicos constituye un principio general de derecho, y en derecho internacional una norma consuetudinaria.

Agregó que es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales respecto de cualquier otro poder u órgano del Estado. Cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente.

Laynez Potisek pidió a los diputados ser conscientes de que, cuando piensen en el Poder Judicial, no somos los 11 de Pino Suárez 2: somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarios de estudio y cuenta, jueces y magistrados. Créanme, sus decisiones son más importantes que las de la Corte. Quizá las nuestras pueden ser más polémicas por ciertos temas, pero el impacto en los ciudadanos está allá.