En Chiapas, el desplazamiento forzado interno es una de las violaciones graves a derechos humanos que más se ha agudizado, pues al menos 16 mil 755 personas han tenido que huir de sus hogares entre los años 2010 y finales de 2022, aseveró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

En su informe Chiapas, un desastre; entre la violencia criminal y la complicidad del Estado destacó que entre 2018 y 2022 esto ha afectado sobre todo en la región de Los Altos, debido a la actuación de grupos armados, específicamente en los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, y algunos otros vinculados a grupos criminales, como en el caso de San Andrés Duraznal y Pantelhó.

Expuso que en la zona fronteriza con Guatemala, de 2021 a la fecha hay al menos 2 mil personas, es decir 400 familias, que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial, también de grupos criminales.

Ante este panorama, al que se suman las desapariciones, el despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otros aspectos, la directora del Frayba, Dora Roblero, demandó el cese de la violencia, que se atienda a las personas desplazadas para que regresen a sus casas en condiciones dignas y que se busque y localice a los desaparecidos.

Al presentar el documento en la capital del país, también exigió que se investigue a los grupos armados que operan en el estado, que cada día van sumando más.

Ataques armados

En su informe, el Frayba resaltó que el territorio zapatista igualmente ha sufrido los agudos efectos del desplazamiento forzado. “En la región del caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en el municipio oficial de Ocosingo, 150 personas han sido desplazadas, con el uso de armas de grueso calibre, por grupos corporativistas”, ejemplificó.

Agregó que el desplazamiento afecta tanto a los pueblos indígenas como a mestizos. Impacta en la pérdida de proyectos de vida y fractura la vida cotidiana, los recuerdos, prácticas culturales, así como bienes materiales e inmateriales. En el caso particular de los pueblos y comunidades, este fenómeno los expulsa de sus tierras y los aboca a una búsqueda de la vida en medio del vacío, enfatizó.

A su vez, en la presentación del informe, la noche del viernes, Víctor Hugo López, ex director del Frayba y actual secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, se refirió al impacto de la participación del Ejército y la Guardia Nacional en diversas tareas, incluida la de seguridad pública.

A casi 30 años del levantamiento del EZLN, el Ejército no se retiró, los militares nunca regresaron a sus cuarteles, por el contrario, vivimos una remilitarización.

Indicó que el impacto de ello no sólo es en el despojo territorial, en la desaparición de personas, entre otros, sino también tiene heridas que no son visibles, como la violencia sicosocial.