Tijuana, BC., De los alrededor de 52 mil cuerpos no identificados que están en resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo) en el país o en una fosa común, 9 mil se ubican en Baja California, entidad que ocupa el primer lugar nacional en ese rubro y que, según los registros oficiales, desde 2017 envía anualmente un promedio de mil cuerpos a la fosa común. Antes de ese año la cifra oscilaba entre 400 y 500 cadáveres.

La decimocuarta reunión nacional de Servicios Médicos Forenses, que se inició ayer y concluye hoy, expuso la contribución de estas instituciones a la búsqueda de personas desaparecidas, al identificar al mayor número de muertos que reciben, en un país donde la cifra oficial de ausentes es de poco más de 111 mil.

Durante el acto inaugural, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de personas es uno de los problemas más graves del país, junto con la crisis forense, situación que requiere no sólo una acción del conjunto del Estado mexicano (infraestructura y recursos humanos), sino idear nuevas formas de colaboración.

Encinas propuso avanzar en la creación de un registro nacional de personas sin vida y sin identificar en los Semefo, con un solo banco nacional de datos genéticos, y que los mismos especialistas restructuren estos servicios, pues algunos forenses, como el de Jalisco, son órganos autónomos; otros están adscritos al Poder Judicial, como ocurre en Baja California, y en otras entidades dependen del poder Ejecutivo a través de las fiscalías o las secretarías de Salud, lo que impone problemas administrativos.

Hay una dispersión de información que no permite ubicar en otro estado a los muertos, y por no compartir datos se mantiene a las personas en las fosas comunes de los servicios periciales, sin garantizarles trato digno ni la posibilidad de regresar con sus familias, explicó.

Hay que imaginar otras formas de trabajo, mover protocolos y mecanismos de actuación, y eso se puede hacer sin una reforma legal. Hasta podrían conformar una conferencia nacional de servicios médicos forenses sin necesidad de una reforma de carácter legal, sino como un acto de voluntad política, con el cual los médicos forenses del país construyan un espacio para elaborar los instrumentos de los que hoy carecemos.

Precisó que el gobierno federal está haciendo su parte en la identificación de cuerpos. Cuando empezó esta administración, la Comisión Nacional de Búsqueda recibía 8 millones de pesos y este año va a ejercer mil 100 millones, 80 por ciento de los cuales se canalizan a las comisiones estatales de búsqueda en vida o a las estancias temporales de cuerpos (panteones forenses) y el Laboratorio de Identificación Genética, entre otros.

La comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Karla Quintana, detalló en entrevista que Jalisco tiene el mayor número de personas extraviadas con cerca de 15 mil, y no necesariamente es proporcional la relación entre desaparecidos y cuerpos no identificados.

Las estadísticas de los cadáveres no identificados corresponden a la Fiscalía General de la República, pero todavía no existen. La cifra de 52 mil es un dato obtenido por la sociedad civil a partir de datos de las fiscalías estatales y solicitudes de acceso a la información, apuntó.

Uno de los grandes problemas de la búsqueda tanto con vida como sin ella es la falta de intercambio de información entre los estados, incluso entre instituciones de una misma entidad. Hay que homologar y compartir bases de datos porque tenemos casos de personas que, al hacer el recuento de lo que sucedió, resulta que desaparecieron en un estado, pasaron muchos años en un albergue de otra entidad, con nombre y apellido, fallecieron y los cuerpos van a alguna universidad, que termina mandándolos a la fosa común, manifestó Quintana.

Se desconoce el número de muertes por fentanilo

La Secretaría de Salud federal expuso la falta de un protocolo para identificar a los muertos por sobredosis de fentanilo, pues en México no hay un método ni cifras sobre el tamaño de ese problema. El asunto se trató a puerta cerrada.

Más tarde, el jefe del Servicio Médico Forense de Baja California, César González Vaca, detalló que se requerirá tiempo para obtener esa información, aunque reconoció que 50 por ciento de los cuerpos que llegan al forense dan positivos a drogas de abuso, y en 33 por ciento de estos casos se detecta uso de fentanilo.