l 23 de julio habrá elecciones para jefe de gobierno del Estado español como consecuencia del adelanto electoral anunciado por el presidente Pedro Sánchez a raíz de los resultados de los comicios locales del 28 de junio. Esa convocatoria fue para elegir alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, como Valencia o Extremadura, y se resolvieron con el avance de la derecha y la ultraderecha española mediante pactos entre el Partido Popular y Vox.

Las consecuencias no han tardado: ya se ha prohibido colocar la bandera arcoíris, uno de los símbolos del movimiento LGTBIQ+, en edificios públicos y se han censurado obras de teatro del republicano Federico García Lorca o de la feminista Virginia Woolf.

La negativa a llamar las cosas por su nombre en estos días es una constante que demuestra el temor del sector conservador a la hora de aceptar que los tiempos cambian a mejor. Tal es el caso de su intento por desnaturalizar el término violencia de género, insistiendo en llamarla violencia intrafamiliar, nomenclatura de por sí caduca, que hace referencia a problemas de alcoba y no a violencias estructurales en contextos machistas.

Del mismo modo, plantean una visión reduccionista del feminismo utilizando la denominación ideología de género, término utilizado en el glosario ultraderechista internacional para negar la diversidad sexual y de género, planteándola como una gran conspiración para cambiar los roles de poder y someter a las familias de bien a un complot en el que las feministas adoctrinarán a sus hijos e hijas.

El problema es que no se trata de una mala broma, la ultraderecha se hace fuerte en España y gana votos en diferentes e insospechados lugares, prometiendo lo que haga falta, aunque después tengan que desdecirse al estilo Boris Johnson y su fallido Brexit. Es característico de la ultraderecha política española decirse defensora de los valores europeos, pero donde ha llegado a gobernar olvida que estos valores pasan por la protección al ambiente y no al negacionismo rampante que ejercen. Por ejemplo, clausurando carriles para bicicletas en ciudades como Elche, Gijón o Palma, a contracorriente de lo que ocurre en ciudades europeas más al norte.

Hay quien dice que lo mejor que le puede pasar a la ultraderecha es gobernar para que acaben ahogándose en sus contradicciones, pero el costo en pérdida de derechos puede ser muy grande. Lo realmente curioso es que este crecimiento de su popularidad se dé en un momento económico relativamente bueno para España. O tal vez sea por eso. En cualquier oportunidad mediática que se les preste suelen llamar al gobierno actual la dictadura de Pedro Sánchez, sin tapujos, olvidando lo que fueron 40 años de la verdadera dictadura de Franco, con su limitación total de libertades y derechos.

La ultraderecha saca pecho con mensajes que son insostenibles en el mundo real. España necesita de la migración como una solución al déficit de las pensiones y a la muy baja tasa de nacimientos. Necesita avanzar hacia la transición ecosocial para paliar los efectos palpables del cambio climático que ya padece. La tan traída y llevada marca España tiene que ver más con la calidad de vida en un país diverso y culturalmente activo que con el conservadurismo en que vivió 40 ensimismados años. Las políticas de ultraderecha son lo más parecido a darse un tiro en el pie si lo que se quiere es un país dinámico y abierto al mundo.

Aunque México vive un momento diferente, es importante tomar nota de la situación. Las voces de ultraderecha siguen un mismo itinerario mundial, lo dejaron muy claro en Conferencia Política de Acción Conservadora realizada en la Ciudad de México en 2022, tanto en sus palabras como en los nombres de sus representantes: Trump, Bolsonaro o Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox.

Para detener este avance, las izquierdas tienen que saber comunicar mejor sus proyectos de nación. Al menos es lo que Pedro Sánchez ha entendido en esta recta final electoral, acudiendo a foros mediáticos nada cómodos, tirando por tierra la imagen que la ultraderecha repite como un mantra sobre él. Llegar a ese electorado atrapado mediáticamente en las redes de los medios conservadores. Advertir claramente del riesgo en torno a los avances conseguidos sobre derechos civiles (¿perderán las madres lesbianas la tutela de sus hijas como en Italia o las mujeres su derecho a abortar, como en Estados Unidos?).

También supone una amenaza para los movimientos sociales que aún defienden los derechos que la izquierda institucional no ha podido garantizar, como el del acceso a una vivienda frente al fortalecimiento de la plataforma Desokupa, especie de grupo parapolicial fascista que amedrenta y expulsa a las familias que han ocupado alguna de los más de 3.8 millones viviendas vacías en toda España, según el Instituto Nacional de Estadística español para 2021.

Esto, sin quitar responsabilidades, no somos ingenuos, de lo que también representa la izquierda electoral española para muchos colectivos, tomando en cuenta lo mucho que no se ha hecho sobre vivienda e inmigración, por ejemplo, con casos tan sonados como la masacre en la valla de Melilla de junio de 2022, donde actuaron las fuerzas de seguridad españolas dejando cerca de 40 migrantes muertos. Lo cierto es que tan importante es el desmontaje de los discursos de ultraderecha en la esfera electoral, como que los movimientos sociales hagamos uso de nuestra acción y reflexión crítica frente al poder, defendiendo y ampliando derechos, como lo hicieron nuestros abuelos, como lo harán nuestros hijos.

* Sociólogo. Taula per Mèxic