Madrid. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la retirada de la inmunidad parlamentaria al ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y a otros dos ex consejeros del gobierno catalán, Tomi Comín y Clara Ponsatí, que actualmente son europarlamentarios y que, al mismo tiempo, tienen varias causas pendientes con la justicia española por su participación en la fallida declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Con esta decisión, que ampara las resoluciones jurídicas previas del Parlamento europeo, no podrán regresar a España sin la amenaza de ser detenidos por las órdenes dictadas por el Tribunal Supremo español, que siguen vigentes.

Puigdemont vive fuera de Cataluña desde finales de ese mes, después de que presidió una sesión parlamentaria en la que se dictó una declaración de independencia con la que se pretendía culminar ese proceso iniciado hace un lustro y, sobre todo, por el referendo en que se aprobó con más de 95 por ciento la secesión del Estado español.

Dicha consulta se realizó al margen de la legalidad española y sin las garantías de una institución electoral independiente, de ahí que Puigdemont y sus aliados, entre ellos el actual partido en el gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), decidieron suspender la declaración de independencia y abrir una ronda de consultas con las autoridades catalanas y españolas a fin de decidir la hoja de ruta para hacer cumplir el mandato popular o, en su defecto, celebrar una nueva consulta.

Ante las amenazas desde Madrid, el líder secesionista y su círculo más cercano salieron de Cataluña de forma furtiva, sin informar a sus aliados de ERC o del otro partido separatista, la CUP. Desde entonces no ha podido regresar a su tierra y fijó su residencia en Waterloo, desde donde posteriormente hizo campaña electoral para convertirse en eurodiputado bajo su formación política, Juntas per Catalunya.

En los pasados cinco años, Puigdemont ha mantenido una pugna con la justicia española para evitar su extradición, de ahí que la sentencia del TGUE tenga una importancia vital para los intereses del ex presidente catalán, quien tenía intención de hacer campaña en su tierra de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Puigdemont declaró desde Bruselas que con esta sentencia se están vulnerando los derechos de las minorías y de la disidencia política en el corazón mismo de la Unión Europea, que se niega a amparar los derechos humanos.