Mediante prácticas como el uso de cabilderos con legisladores en México o la presión con el amago de un panel de controversia comercial en el contexto del T-MEC, corporaciones como Bayer-Monsanto, BASF, Cargill, Syngenta, Corteva, y DuPont, se han opuesto a los avances regulatorios sobre maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato, revela un estudio presentado ayer.

El análisis realizado por El Poder del Consumidor y auspiciado por Bertha Foundation señala que las trasnacionales han hecho uso de prácticas en los entornos político, mediático, científico, jurídico y extrajurídico para oponerse al decreto presidencial en materia de glifosato y maíz transgénico, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, y la iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas.

El documento señala que los aliados de estas corporaciones han sido el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, pues han ejercido cabildeo de alto nivel con el titular de la Secretaría de Agricultura, Víctor Villalobos, así como con Julio Scherer y Alfonso Romo, quienes ahora son ex funcionarios.

La investigadora Ana Larrañaga indicó que en Estados Unidos se ha ejercido presión con las amenazas de un panel de solución de controversias por la prohibición del maíz transgénico y el uso del glifosato.

Comentó que Tom Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos, fue cabildero de la industria láctea, mientras Syngenta mantiene un programa para mantener diálogo de alto nivel con legisladores estadunidenses.

Destacó que es completamente falso que no existan estudios que demuestran que el maíz transgénico sea dañino para la salud, pues ese es un argumento utilizado con frecuencia, pero no se toma en cuenta que la base de la alimentación de México es el grano.

Además, la investigación indica que las corporaciones han captado a académico a través de financiamientos para hacer estudios a modo, mientras a través de notas periodísticas, artículos y columnas también se ha ejercido presión para desincentivar que México regule el herbicida y utilice el maíz genéticamente modificado.

Subrayó que hasta el momento se conoce la existencia de 55 amparos que van en contra de la regulación.

La senadora Ana Lilia Rivera indicó que este modelo de agricultura ha sido agresivo con el medio ambiente y la salud humana, pero ha generado miles de millones de dólares para unas cuantas empresas.

Lo que hay detrás de este tema son intereses económicos globales, nada más en un estudio que se hizo de manera independiente en 2018 las empresas que se han dedicado a producir y a vender en el mundo estos plaguicidas altamente peligrosos, entre ellos el glifosato, tuvieron una ganancia de 4 mil 800 millones de dólares, considerando que sus principales clientes son los países en vías de desarrollo.

Acotó que en Europa el mercado de estos agroquímicos se ha reducido y utilizan sustancias no peligrosas.

Víctor Manuel Chima, experto en comunicación en la promoción de los derechos económicos, sociales, ambientales y de soberanía alimentaria, subrayó que los discursos manejados por la trasnacionales son racistas y clasistas, pues consideran que los sistemas de producción de comunidades campesinas son arcaicos, por lo que desacreditan el valor que tienen.