Un juez federal otorgó la suspensión definitiva a la empresa Cobre del Mayo que la protege contra todos los efectos de la Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión a finales de abril.

Esta es la primera medida cautelar que concede un juzgado de distrito contra la reforma impulsada por el gobierno federal, el cual podrá impugnar la resolución ante un tribunal colegiado para que determine si confirma o modifica el fallo de primera instancia.

El juez decimosexto de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López, concedió a la empresa la suspensión definitiva contra el decreto por el que se reforman, agregan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, publicados el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 124, 130 al 132 y 192 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades por las razones expuestas en la presente resolución, señala el texto del juez, quien sólo dio a conocer el sentido de la sentencia, pero no publicó el expediente.

La empresa Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes, en Álamos, Sonora, y cuenta con reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029, según información oficial.

La suspensión que otorgó Regis López frena por el momento todos los efectos de la Ley Minera, en tanto se resuelve si a la empresa se le concede el amparo contra los actos reclamados.

La reforma reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones, establece la licitación como único método para darlas, obliga a consultas previas con comunidades indígenas a las que se debe remunerar con 5 por ciento de las ganancias del proyecto, multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga trato preferencial a paraestatales.

La Jornada publicó que de acuerdo con diversos especialistas en el tema, los grandes consorcios se han amparado contra la Ley Minera para evitar las nuevas regulaciones y así perpetuar su actividad en el mercado de valores, basada en la especulación, sobre todo con minerales estratégicos declarados a escala internacional indispensables para la transición energética, como litio, cobre y níquel.