as décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado en Estados Unidos se caracterizaron por las luchas de la población afroamericana, junto con otras minorías, por la igualdad de derechos. Después de cientos de sangrientos enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional, lograron que los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson se vieran forzados a emitir una serie de normas mediante las que se reconoció la desigualdad a la que habían estado sometidos durante siglos. La enmienda 14 de la Constitución otorgó en 1868 la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizados en los Estados Unidos, incluidos quienes fueron esclavos, garantizando a todos igualdad y protección ante la ley. Más de 100 años después, en 1985 se creó el programa de acción afirmativa en el que se especificaron medidas concretas para acabar con la sistemática discriminación que persiste en contra de los derechos y acceso a oportunidades para los integrantes de ese sector de la población.

En dos de los enunciados del decreto, se establecían normas específicas para garantizar esa igualdad: la prohibición de discriminar en los empleos a cualquier persona por su calidad física o étnica, y la obligación de las instituciones de educación superior que reciben fondos federales de establecer cuotas de ingreso a la población afrodescendiente y latina, principalmente. La semana pasada, la mayoría conservadora de la Suprema Corte estimó que las condiciones de discriminación y racismo ya no existen en Estados Unidos. En consecuencia, de un plumazo eliminó el precepto que se refería al establecimiento de cuotas para estudiantes de esa raza. Las tres jueces liberales que se manifestaron en contra de tal decisión afirmaron categóricamente que con esa decisión se deja de lado a miles de estudiantes negros en su aspiración a cursar educación superior, mediante la que se garantiza cierta igualdad para ellos y se da por hecho que ya desaparecieron las condiciones que históricamente han beneficiado a la población blanca.

Uno de los aspectos más interesantes que culminaron en la decisión de la Corte fue que en la Universidad de Harvard –una de las más elitistas y costosas del mundo– un grupo de estudiantes inició hace años un movimiento para que se suprimiera el programa de acción afirmativa por considerar que sus derechos estaban siendo violados. Sobra decir que los jóvenes que empezaron a manifestarse provenían de una clase económicamente desahogada. Algo similar sucedió en 1996, cuando los electores del estado de California eliminaron por medio del sufragio al sistema de cuotas para ingresar a las universidades públicas al considerar que favorecía abrumadoramente a estudiantes de origen asiático, con el resultado de que, en su mayoría, miles de jóvenes afroamericanos y latinos quedaban fuera de las escuelas californianas. En este caso se trató de apoyar a la población cuyas condiciones sociales y económicas eran más desventajosas.

No conforme con la decisión que abolió parte de la acción afirmativa, días después la Corte dio otro palo a quienes en su mayoría requieren del apoyo del Estado para estudiar. Revocó la orden ejecutiva mediante la cual el presidente Joe Biden canceló la deuda que miles de estudiantes necesitados habían contraído para pagar sus estudios superiores. En consecuencia, los miles de dólares que adeudan continuarán siendo un peso muerto que deberán arrastrar por muchos años, y que en muchos casos tendrán que cubrir con una parte más que sustancial de sus ingresos.

Como era de esperarse, el Partido Republicano aplaudió de inmediato ambas decisiones y no perdió el tiempo en caracterizar una vez más al presidente Biden como populista, como también lo había hecho con Obama por el grave error de tratar de evitar que la ominosa desigualdad entre quienes tienen apenas lo necesario para vivir y quienes viven desahogadamente se ahonde aún más.

Es muy pronto para conocer el resultado que estas decisiones de la Suprema Corte tendrán en las elecciones de 2024. De lo que no hay duda es que están en la tónica de profundizar todavía más la brecha social que prevalece en Estados Unidos.