Entre los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hay marcada división sobre las actividades de los aspirantes presidenciales de Morena y aliados, pues al menos cinco han manifestado públicamente que el organismo debe prohibirles la realización de actos públicos.

En favor de la restricción están Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas. Sin embargo, será la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que determine si las personas denunciadas y sus partidos han cometido infracciones y, en ese caso, determinar las sanciones.

Tanto las resoluciones del INE como de la sala especializada pueden ser impugnadas ante la sala superior del TEPJF, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.

El miércoles pasado, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE presentó a la Comisión de Quejas y Denuncias un proyecto para prohibir las concentraciones públicas de las corcholatas al considerar que son actos proselitistas a favor de Morena.

El caso fue originado por una solicitud de medidas cautelares de Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) al alegar presuntos actos anticipados de precampaña y campaña de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández.

Las pruebas del proyecto eran 34 actas elaboradas por personal de juntas distritales del INE, que reportaron que las personas denunciadas realizaron recorridos por diversas entidades y actos en espacios públicos en los que, de modo ilegal, emitían posicionamientos electorales, llamados al voto y todo tipo de parafernalia de quienes han manifestando su intención de contender por una precandidatura presidencial. Por tanto, se ordenaba a Morena y a sus aspirantes suspender todos y cada uno de los actos públicos abiertos referidos como recorridos o asambleas informativas.

El proyecto fue rechazado en la Comisión de Quejas con los votos en contra de Jorge Montaño y Rita Bell López, quienes destacaron que no corresponde a esta comisión prejuzgar o resolver el fondo del asunto, sino al TEPJF, además de que las actas circunstanciadas carecían de rigor.

En la sesión participaron como invitados, en un hecho poco común, tres consejeros (Castillo, Ravel y Rivera) para apoyar la posición de la consejera presidenta de este grupo, Claudia Zavala.

En tanto, el consejero Espadas aclaró en un acto organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana que lo que hizo la Comisión de Quejas no fue darle luz verde a estos eventos: lo que dijo es que se trata de asuntos de fondo que no le corresponde resolver a esa comisión, sino al TEPJF. Es decir, en todo caso le pasó la carga al tribunal, sin resolver. No comparto esa decisión, pero tampoco es que le haya dado luz verde a estos actos.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ha dicho en distintas entrevistas que respeta las determinaciones de la Comisión de Quejas en el sentido que resulten. A su vez, no se han pronunciado específicamente sobre el caso los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Norma de la Cruz. No obstante, la determinación de conceder medidas cautelares la tienen los consejeros Zavala, Montaño y López, los tres abogados integrantes de la comisión con derecho a voto.