a Corte Suprema de Estados Unidos invalidó las políticas de admisión de las universidades de Harvard y de Carolina del Norte (los institutos de educación superior privado y público más antiguos del país, respectivamente) que toman en cuenta la raza como uno entre varios factores que las instituciones consideran al asignar los muy competidos espacios en sus aulas. Estos planes, conocidos como de acción afirmativa o discriminación positiva, fueron diseñados como un paliativo ante la inocultable subrepresentación de las personas de origen africano y latinoamericano en los centros universitarios, sobre todo en los de mayor prestigio.

La sentencia dictada con los seis votos a favor de los jueces conservadores y tres en contra de las juezas de tendencia liberal llevará a que todos los aspirantes sean tratados como si se encontraran en igualdad de oportunidades, pese a las incontrovertibles evidencias de que los individuos racializados enfrentan condiciones adversas desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida personal y académica, las cuales los colocan en seria desventaja frente a quienes provienen de estratos socioeconómicos privilegiados.

En un panorama más amplio, el fallo del máximo tribunal refleja el brutal retroceso en materia de derechos humanos que experimenta Estados Unidos desde que el ex presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, involución que se ha recrudecido pese al fin de su mandato debido a la sólida mayoría derechista que instaló en la Suprema Corte. Los tres jueces conservadores nominados por el magnate, quienes fueron nombrados para este cargo vitalicio pese a antecedentes tan graves como acusaciones de abuso sexual o declaraciones de que pondrían sus convicciones religiosas por encima de la ley, han protagonizado un vuelco inédito que aleja a Estados Unidos del consenso occidental en torno a las garantías básicas de que deben disfrutar los ciudadanos.

El mismo día en que puso fin a la acción afirmativa, el Poder Judicial estadunidense acabó con el programa del gobierno federal para cancelar la deuda estudiantil de millones de universitarios, otro golpe a los estudiantes de menos recursos y un fuerte mensaje de que en ese país el lucro se encuentra por encima de cualquier consideración, incluso cuando se vive un acusado déficit de profesionistas en áreas clave como la Medicina. También el viernes 30 de junio, falló a favor de que las personas y empresas se nieguen a prestar servicios a personas homosexuales, en el caso de una diseñadora gráfica cristiana que se rehúsa a crear sitios web para parejas del mismo sexo. Hace casi exactamente un año, el 24 de junio de 2022, emprendió un ataque demoledor contra los derechos de las mujeres al anular Roe vs Wade, una sentencia histórica que desde 1973 garantizaba el acceso al aborto a escala nacional. Desde entonces, 14 estados han prohibido por completo la interrupción voluntaria del embarazo, otros 12 imponen restricciones de distintos alcances y cinco limitaciones leves, mientras apenas 22 entidades (contando a Puerto Rico y Washington D.C.) mantienen la facultad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

El giro antiderechos de la Suprema Corte ha quitado cualquier freno a las políticas más retrógradas impulsadas en los estados con predominio conservador, hasta el punto de desatar una auténtica carrera en las filas del Partido Republicano por crear las legislaciones más aberrantes. Por el momento, el máximo exponente de esta tendencia es el gobernador de Florida y aspirante presidencial, Ron DeSantis, quien ayer puso en vigor 200 leyes nuevas, muchas de ellas dirigidas de manera explícita a desmontar derechos humanos y criminalizar a sectores desfavorecidos, como los migrantes indocumentados.

La deriva de la superpotencia hacia el armamentismo, el fundamentalismo religioso, la institucionalización de las desigualdades y la intolerancia, la misoginia y, en general, su alejamiento de los valores que su clase política usa como pretexto para entrometerse en los asuntos de otras naciones, augura un periodo sombrío para las mayorías. Que esta caída en la barbarie sea comandada por el Poder Judicial constituye una advertencia de los peligros de colocar a los jueces por encima de la democracia y de crear poderes inmunes a la voluntad popular.