Bogotá. Salvatore Mancuso, uno de los más altos jefes del paramilitarismo de Colombia, habló vía Internet a la sociedad, a sus miles de víctimas y a los magistrados que lo procesan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A fines de mayo, en una audiencia de reconocimiento de los crímenes de guerra y lesa humanidad, respondió durante cuatro días al interrogatorio desde un centro de detención migratorio en Estados Unidos.

Mancuso pasó horas describiendo cómo ordenó masacres y homicidios selectivos (más de 56 mil víctimas civiles, según la Comisión de la Verdad); cómo y dónde su gente hizo desaparecer cuerpos, robó tierras y bienes para revender y generar para ellos enormes fortunas y millones de desplazados. Citó con nombre y apellido a quienes, desde las más altas esferas del gobierno y del ejército, los apoyaron y encubrieron y con frecuencia cómo los militares participaban en sus operaciones. Cómo crecieron, se multiplicaron e incursionaron en la política, la tristemente famosa parapolítica. Hasta se jactó: Llegué a ser más poderoso que el propio presidente.

Meses antes, frente al mismo órgano de justicia transicional que forma parte de los Acuerdos de Paz, los siete máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron delitos cometidos bajo sus órdenes. Esto fue en el macrocaso 01, que juzga a los ex comandantes por haber tomado la decisión de ordenar a todos sus frentes secuestrar a civiles, policías y militares durante la guerra, primero como política para canjear a sus rehenes por sus combatientes presos, pero después con simples fines de allegarse recursos. De un estimado de 21 mil víctimas, más de 3 mil presentaron sus casos.

En esa ocasión, las audiencias vieron a un Rodrigo Londoño (Timochenko, su nombre de guerra) devastado, sosteniendo la cabeza entre las manos; a un Pablo Catatumbo al borde del llanto al admitir el sufrimiento causado, al describirse como un hombre distinto ahora, después de ver a los ojos a sus víctimas; a un Pastor Alape lidiando con la angustia al escuchar los cargos, expresar su arrepentimiento y pedir perdón.

Y en fecha distinta se transmitió el proceso de la megacausa 03 contra varios oficiales del ejército. Los militares detallaron frente a las familias de los secuestrados y asesinados cómo operaban los llamados falsos positivos: eran campesinos y jóvenes arrebatados de sus casas y asesinados, que los militares después reportaban como guerrilleros dados de baja en combate. Así cumplían cuotas impuestas por los superiores y simulaban victorias en combates inexistentes o simplemente obtenían prebendas. Siento vergüenza ante ustedes, ante mi país y mis hijos, expresó llorando un oficial de inteligencia que palomeaba los nombres de los inocentes que iban a ser sacrificados.

Justicia sobre lo posible

¿Cómo se sanciona a estos perpetradores en este modelo de justicia restaurativa, única en el mundo?

El magistrado presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, explica en entrevista con La Jornada que una persona que se somete a esta jurisdicción tiene que acatar obligatoriamente los compromisos de no volver a delinquir ni a tomar las armas, así como ofrecer toda la verdad exhaustiva y detallada. A raíz de esto, mediante una comisión de búsqueda, ya fueron halladas algunas fosas con entierros masivos. Y a cambio de esto todos quedan en libertad condicionada, señala.

Admite que esto no es fácil de entender desde la perspectiva de otras jurisdicciones, de México o cualquier otro país, pero en Colombia, que ha vivido una serie de guerras cruentas en el último siglo, hemos comprobado que tiene muchas virtudes y méritos.

Explica: “En un conflicto armado es sumamente complejo investigar y juzgar delito por delito. De hecho, se intentó durante mucho tiempo. En Colombia hay millones de causas abiertas por el conflicto armado. No hay juez que pueda tramitar esto, no hay un país en el mundo con suficientes tribunales para eso. A pesar de la voluntad de los jueces, se produce un efecto de impunidad.

▲ El magistrado presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal, en entrevista con este diario.Foto La Jornada

Esta es la justicia diseñada sobre lo posible. No se juzgan todos los crímenes, solamente los no amnistiables, definidos dentro de los macrocasos, y a los máximos responsables. A cambio de eso logramos grandes aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los perpetradores.

Sin olvido

La JEP, producto de los Acuerdos de Paz que firmó el Estado colombiano con las FARC en 2016 en La Habana, atiende un universo de 12 mil víctimas que llevan décadas de trabajo organizativo, documentación, acompañamiento sicosocial y lucha por la verdad. Y Vidal López, nombrado en el cargo por el presidente Gustavo Petro, viene de la academia como penalista después de trabajar, durante décadas, también con el tema de la centralidad de las víctimas.

–¿Las víctimas aceptan que los perpetradores no vayan a la cárcel?

–Las demandas fundamentales de las víctimas son una aproximación a la verdad, saber qué pasó, por qué pasó y cómo fue, cuál fue el destino de sus seres queridos. Dicen también que si se logra la no repetición es un paso gigantesco, porque ellos siguen todavía en una dinámica muy fuerte de repetición de los hechos de violencia.

Esto funciona bien para caminar hacia la pacificación. La cárcel no funciona como disuasivo para esta gente que viene de años combatiendo en grupos armados. La justicia restaurativa da mejores resultados. Los comparecientes, a quienes no se les llama acusados, entran a trabajar en proyectos con víctimas. Nos pone en el camino de la reconciliación.

–¿Las audiencias de la JEP aportan información sobre hechos que no se conocían?

–Salen a la luz hechos que antes no se conocían o que la justicia conocía, pero no las víctimas ni la opinión pública. Las audiencias son abiertas, con un proceso de participación de las redes de víctimas muy grande, con canales de muy amplia difusión. Y esa es parte de la innovación que hace de esta jurisdicción algo muy especial.

Lo no amnistiable

–¿Cómo se definen los macrocasos?

–La discusión estuvo abierta durante cinco años. Se consideraron propuestas de todas las redes de víctimas y de la sociedad. Ellos definieron los casos más importantes, más graves. Se buscó tener una representatividad de todo el territorio. Clave fue el trabajo de la Comisión de la Verdad.

“Para que funcione bien este mecanismo, es central la admisión de responsabilidad. En este caso ya no hay acusación, porque ellos admiten el hecho. De ahí pasa la diligencia a un tribunal, donde ellos afrontan las consecuencias. Las condenas son de cinco a ocho años fuera de la cárcel, obligados a realizar proyectos que contribuyan a la reparación de las víctimas. Pero para la Corte Penal hay crímenes que no son amnistiables. En el caso del conflicto colombiano son 10 por ciento.

“En un primer momento fue sujetarnos a la justicia colombiana. Se crearon salas especiales de justicia para la paz, ahí fue donde se juzgó a los paramilitares en 2005. Fue un laboratorio con aciertos y desaciertos. Ya con los acuerdos de paz firmados, la nueva fórmula, que no anula la anterior, fue crear la JEP, con tribunales especiales fuera de la justicia ordinaria, con un presupuesto y una administración autónomas. Y no depende de la fiscalía, sino de una fiscalía propia que se llama Unidad de Investigación y Acusación.

“Esto quiere decir que el Estado colombiano tiene una respuesta mediante la justicia ordinaria, a la que están sujetos los paramilitares. Y otro que es la guerrilla y la fuerza pública, que es a través de la JEP.

Las amnistías se otorgan en dos salas. En los casos no amnistiables, que van a otra sala, sólo se juzga a los máximos responsables.