Pueden ser condenados a cadena perpetua
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Miércoles 28 de junio de 2023, p. 11
San Antonio. Las autoridades estadunidenses anunciaron ayer el arresto de cuatro personas que, señalaron, participaron en una operación de tráfico de personas el año pasado que terminó con la muerte de 53 migrantes, incluidos ocho niños, que fueron abandonados en un camión remolque en el abrasador verano de Texas.
En el primer aniversario de la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2022, informaron que los cuatro imputados desempeñaron un papel de planeación en el tráfico de personas y que estaban al tanto de que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba, en un trayecto de casi tres horas desde la ciudad fronteriza de Laredo hasta San Antonio.
Cuando el remolque fue abierto en San Antonio, 48 migrantes ya estaban muertos. Otros 16 fueron trasladados a hospitales, donde cinco de ellos fallecieron.
Ha sido la tragedia más mortífera para migrantes introducidos de forma irregular por la frontera sur de Estados Unidos. Entre las víctimas había 27 mexicanos, 14 hondureños, siete guatemaltecos y dos salvadoreños.
El conductor y otro hombre fueron detenidos poco después de encontrar a los indocumentados. Fueron acusados de tráfico de personas que resultó en muerte y de asociación delictuosa.
Los cuatro nuevos arrestos fueron realizados el lunes en Houston, San Antonio y Marshall, Texas. Los acusados son Riley Covarrubias Ponce, de 30 años; Felipe Orduña Torres, de 28; Luis Alberto Rivera Leal, de 37, y Armando Gonzales Ortega, de 53. Todos fueron acusados de asociación delictuosa para transportar migrantes que resultó en muerte, de causar lesiones corporales graves y de poner vidas en peligro. Cada uno enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.
Un acta de acusación de un jurado investigador federal revelada el martes muestra algunos detalles de una asociación mosaico
de traficantes que les permitía consolidar costos, repartir riesgos y operar de forma más rentable
.
El acta sostiene que los hombres participaban en operaciones de contrabando en Guatemala, Honduras y México, y compartían rutas, guías, escondites, camiones y remolques, algunos de los cuales se guardaban en un estacionamiento privado de San Antonio.
Los migrantes pagaban a la organización hasta 15 mil dólares cada uno para cruzar la frontera de Estados Unidos. La tarifa cubría hasta tres intentos de entrar en el país.
Los migrantes recibían una palabra clave que debían proporcionar en varios puestos de control durante su viaje, que demostraría que eran clientes
que pagaron a un contrabandista que había hecho los arreglos para ellos.
Una grabación de una cámara de seguridad muestra cuando el camión pasó por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza.