Las consecuencias humanitarias que ocasiona la violencia del crimen organizado en países de América Latina y el Caribe pueden ser tan trágicas e inaceptables como las de los grandes conflictos armados, aseveró Gilles Carbonnier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Indicó que la violencia criminal tiene incluso cicatrices mucho menos visibles, como la falta de acceso a servicios esenciales, inseguridad generalizada, problemas en la salud mental, así como personas obligadas a jugarse la vida en las rutas migratorias.

Al presentar la nueva edición de la revista internacional de la Cruz Roja, titulada Crimen organizado, explicó que en algunas ciudades y países de la región “las personas enfrentan lo que llaman ‘fronteras invisibles’, que son establecidas por pandillas rivales y que impiden acceder a servicios esenciales de salud o educación”.

Sophie Orr, directora regional para las Américas del CICR, expuso que 33 por ciento de los homicidios del mundo ocurren en esta zona, donde también se encuentran 45 de las 50 ciudades más violentas del orbe.

En Haití, sólo en abril, alrededor de 600 personas fueron asesinadas, y en los primeros tres meses de 2023 son más de 800. Los secuestros también han llegado a unos 100 este año, señaló Orr.

Mencionó que las afectaciones humanitarias no son sólo causadas por los grupos armados, pues en algunos casos se generan por la respuesta de los estados a esta violencia. Durante las operaciones de seguridad pública, las personas que viven en las comunidades pueden quedar atrapadas en medio de enfrentamientos armados y resultar heridas o morir.

En este sentido, resaltó que quienes se encuentran en contextos de violencia criminal viven con miedo y sufren el impacto sicológico. La mayoría, agregó, permanece en silencio por miedo a represalias.

Olivier Dubois, jefe de la Delegación Regional para México y América Central del CICR, se pronunció por luchar contra la normalización de la violencia criminal. Para ello, se requiere presupuesto, unión y voluntad de muchas fuerzas políticas y sociales, coordinación entre autoridades que muchas veces no se hablan, apoyo de organismos nacionales e internacionales y, lo más importante, incluir a las propias comunidades.