La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México detectó 241 iniciativas de reforma en el Congreso local que favorecen la punitividad de delitos y la criminalización de las personas, las cuales no resuelven de fondo los problemas de inseguridad, alertó la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez.

Al impartir una conferencia magistral en el Congreso, la ombudsperson refirió que dichas iniciativas se presentaron de 2021 a la fecha, y varias incrementan los años de prisión para ciertos delitos, permiten el uso de aparatos como máquinas de descargas eléctricas para defensa personal, e incluso promueven la pena de muerte y hasta cárcel para adolescentes.

Además hay iniciativas que castigan con cárcel el desperdicio del agua, el cual puede abordarse por medio de mecanismos de justicia restaurativa y reparación del daño a partir de sanciones administrativas.

También cuestionó que otras iniciativas se concentren en crear tipos penales que ya existen, pero con nombres diferentes, lo que dificulta la impartición de justicia y la investigación de los casos. Uno de estos, refirió, es la violencia vicaria –la que se ejerce contra la mujer por medio de sus seres queridos, especialmente de sus hijos–, la cual podía ser investigada como violencia familiar equiparada.

En su conferencia, dijo que la legislación no debe fomentar la criminalización de las personas ni ir en contra del derecho a la reinserción, como sucedió con la aprobación del Registro Público de Agresores Sexuales, al que llamó ejemplo de punitivismo icónico, por ser una medida contraria al derecho de protección de datos personales y no discriminación.

Legislar por la justicia

Frente al presidente de la mesa directiva, Fausto Zamorano, y de Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ramírez llamó a los diputados a crear reformas enfocadas en la prevención de los delitos, capacitación, garantía de no repetición y mecanismos de justicia restaurativa. Por ejemplo, establecer medidas legislativas exigentes para que cargos judiciales, de procuración de justicia y seguridad pública sean ocupados por personas plenamente capacitadas y formadas.

“Legislemos por la justicia restaurativa, por la no repetición, porque, en esa medida, el punitivo pasará a ser historia y este país, esta ciudad, no van a seguir nunca los pasos que siguen en El Salvador –y que están copiando en Honduras–”, dijo la presidenta de la CDH en referencia a las violaciones de derechos humanos en cárceles de ese país.