La guerra por el agua ya está presente, pues es uno de los movimientos más fuertes que genera violencia en contra de los pueblos y defender ahora los derechos que están en la ley se ha vuelto peligroso. El Estado debe garantizarlos como una obligación, pero tampoco respeta las reglas, afirmó el abogado especialista en la materia Francisco López Bárcenas.

El 15 por ciento del agua concesionada, a partir de 80 mil puntos de extracción, está en territorios indígenas, pero ni una sola de las 60 mil concesiones otorgadas en esas áreas, hasta 2020, se encuentra a nombre de alguno de esos pueblos, indicó entrevista con motivo de la publicación de su libro Agua y pueblos indígenas, entre la espiritualidad, el derecho humano y el mercado.

El litigante destaca que el gobierno concesiona agua que nace en esas zonas a quienes no son indígenas, por lo que los pueblos originarios no tienen acceso al recurso. Como han dicho diversos autores, hay una crisis civilizatoria. En el caso del agua tiene que ver no sólo con el acaparamiento, que haya empresas refresqueras y otras que la tienen asegurada por 50 años, sino que la gente ahora no tiene forma de acceder a ella porque ya la acapararon otros. Es algo inhumano.

En cuanto a su publicación, indicó que se trata de una obra panorámica de lo que implica acceder al líquido y con él busca dar tres miradas: el agua como espiritualidad, como derecho humano y como mercancía. A partir de experiencias de los pueblos, se explica que el líquido tiene que ver con los demás elementos naturales.

Las visiones de los pueblos son importantes porque son otra forma de ver el agua. López Bárcenas menciona que en la que tienen los pueblos indígenas el agua es de todos. Esto se mantuvo en la Colonia, con matices, y la recuperó la Constitución de 1917 como producto de las luchas campesinas.

Sin pacto social

Las reformas de 1992 a la Carta Magna rompieron el pacto social, porque la tierra y los recursos naturales, agua incluida, pasaron a ser mercancía. Se da al primero que la pide, por eso ocurre que Bancomer y la industria tengan muchas concesiones y que los agricultores la acaparen.

Hay datos que señalan que entre 20 y 25 por ciento del agua que se capta en el país está en territorios indígenas, en general en las montañas, donde decía la gente que ya no había nada que explotar; ahí están la biodiversidad y las cabezas de cuenca. Así ocurre con el agua de la Tarahumara, se capta en territorio rarámuri, donde no tienen acceso a ella, y se va a los campos agrícolas de Sonora o Sinaloa.

Se lucha por el agua, hay quien pelea desde lo jurídico y con movilizaciones. Se construyó, por ejemplo, la presa Luis Donaldo Colosio en afectación de los mayos, se inundaron pueblos y desplazó a la población. O está el caso del acueducto Independencia, con el que se afecta a los yaquis en Sonora.

Para el especialista, promulgar una nueva Ley General de Aguas ayudaría mucho. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que hay una omisión del Congreso desde hace una década, se requiere una legislación que cambie el modelo de administración y gestión del agua. La que tenemos favorece su mercantilización. Se requiere una que ponga en el centro el derecho humano a ella, pero el problema es que hay muchas organizaciones que se oponen.

Para muchos la ley vigente está bien y sólo se requieren unos cambios. Esto mantiene privilegios, ya que hay funcionarios públicos ligados al agua. En la Comisión Nacional del Agua prevalece una política en favor de los acaparadores, así no se puede avanzar mucho.