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España y Marruecos encubren la tragedia de 2022 en Melilla: AI
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 24 de junio de 2023, p. 20

Madrid. Amnistía Internacional (AI) elevó ayer a 37 fallecidos y 76 desaparecidos las víctimas del asalto masivo de migrantes a la valla fronteriza del enclave español de Melilla desde Marruecos ocurrido el 24 de junio de 2022, caso sobre el que en la actualidad continúan secretismos y ocultamiento de documentos gráficos y pruebas sobre la tragedia.

En la víspera del primer aniversario, AI explicó en un informe que “las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y su petición de justicia, verdad y reparación.

“Cuando se cumple un año de la matanza de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad.

Aún hay cadáveres en una morgue y en tumbas, en tanto son bloqueados los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas e informar a sus deudos, explicó Agnès Callamard, secretaria general de AI, al referirse a las 113 víctimas.

El 24 de junio de 2022, en la frontera entre la ciudad marroquí de Nador y la española de Melilla, ambas en el norte de África, un grupo de más de 2 mil migrantes subsaharianos intentaron hacer un asalto masivo.

El resultado fue la peor tragedia migratoria en la ciudad, con una cifra oficial de 24 muertos, pero hubo numerosos heridos por la represión de la gendarmería marroquí y por los mismos sistemas de seguridad de la valla fronteriza, sobre todo los alambres de púas y las concertinas.

Una investigación periodística de la cadena británica BBC aseguró que durante la operación se registraron varios decesos en suelo español, pero los mismos agentes arrastraron los cadáveres a territorio marroquí, donde finalmente fueron enterrados en una fosa común.

El gobierno de España fue señalado corresponsable de la matanza y las ONG le han exigido que haga públicas las pruebas que pueden esclarecer el caso.