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Envía oficio a residentes

Sandra Cuevas dice que no pagará los $10 millones por parquímetros
 
Periódico La Jornada
Sábado 24 de junio de 2023, p. 25

Fuera de tiempo y sin pagar más de 10 millones de pesos a los residentes de la colonia Cuauhtémoc del programa de parquímetros que adeuda de febrero de 2020 a febrero de 2022, la alcaldía del mismo nombre respondió a los vecinos: este órgano político administrativo se encuentra materialmente imposibilitado en atender favorablemente su solicitud de pago, por lo que rechazó el cumplimiento de la orden del juzgado decimoquinto de distrito.

El plazo para que la alcaldía respondiera y cumpliera concluyó el miércoles, luego de que se le notificó el viernes 16 de la resolución que emitió el juzgado 48 horas antes, que dio tres días hábiles.

El tesorero de la Asociación de Residentes de la colonia Cuauhtémoc, Rogelio García, dijo que hasta ayer no existía una resapuesta en el expediente electrónico, pero por la tarde recibió el oficio AC/DGA/1431 fechado el jueves 22 de junio, enviado por el director general de administración de la demarcación, Héctor Manuel Ávalos Martínez, en el que se niega a pagar.

La alcaldía evita pagar más de 10 millones de pesos de un monto total de 20 millones de 2022 a la fecha, mientras sigue el proceso legal de los adeudos de febrero de 2022 a junio de 2023.

La respuesta de Ávalos es incongruente, porque ante el juez la Secretaría de Administración y Finanzas desmintió a la alcaldía al asegurar que entregó los recursos del programa anual correspondiente a 2020, 2021 y 2022, así como los de enero y febrero de 2023.

El oficio tiene copia para el director de Presupuesto y Finanzas de la alcaldía, Jorge Luis Pineda, pero no para la alcaldesa Sandra Cuevas ni para el juzgado decimoquinto de distrito en materia administrativa, que ordenó el pago de más de 10 millones de pesos que corresponden al 16 por ciento de los ingresos de los parquímetros.

En la resolución se cita la jurisprudencia emitida por el noveno tribunal colegiado administrativo, en la que se señala que no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso prevenciones y sanciones, pues de lo contrario se hace acreedor a una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de distrito.