lo largo de muchas décadas, las denuncias iban y venían en contra de las innumerables tropelías cometidas por Grupo México, pero las carcajadas de Jorge y Germán Larrea se escuchaban hasta en los rincones más alejados de la geografía nacional: simplemente, la autoridad (política, económica, laboral y/o jurídica) las mandaba directamente al basurero para mantener impune a papá e hijo.

Sin embargo, suficiente fue que el gobierno estadunidense solicitara al mexicano una investigación bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC contra Grupo México por la presunta violación de los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva de los trabajadores en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas (en huelga desde el 30 de julio de 2007, al igual que en Taxco y Cananea), para que Larrea comenzara a sudar copiosamente, pues sabe que la magnesia y la gimnasia son diferentes.

De inmediato, el barón puso a trabajar horas extra a su inconmensurable equipo de abogados para ver de qué forma se sacude esta investigación, la cual se presenta, según él, por presión política y no por su rapacería ni sus aires de señor feudal. El miedo no anda en burro, dicen por ahí, y Larrea ya tiene un costosísimo antecedente; en 2009 su empresa derramó tóxicos en Texas, lo que le valió una multa de mil 200 millones de dólares y la clausura de la planta productiva. Entonces, sabe qué puede pasar y cuáles son las consecuencias.

Desde su destape, el otrora magnate sin rostro (no se conoció una fotografía de él hasta 2014) hoy parece ser el ajonjolí de todos los moles y los males, algo que intentó equilibrar el presidente López Obrador cuando, en la mañanera de ayer, se refirió a la diferencia política entre el magnate y el dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia.

Dijo el mandatario: hay que buscar la conciliación, el acuerdo, algo que, dicho sea de paso, desde mediados de 2019 encargó a Luisa María Alcalde y, al parecer, ni se enteró, pues cuatro años después López Obrador se lo encomendó –dados los nulos resultados de aquella– al secretario de Gobernación, Adán Augusto, con idéntico balance. Ahora la primera ocupa Bucareli, ergo, debería hacerse cargo de lo mismo en lo que falló como titular del Trabajo, mientras el segundo está en campaña. ¿Lo logrará en esta ocasión?

En un tercer intento, el mandatario pasa la bola a Marath Bolaños, flamante secretario del Trabajo: hay que buscar el acuerdo y con él como titular se puede llegar, a sabiendas de que, dijo, no era buena la relación entre Napoleón y Luisa María, no se entendieron bien; son cuestiones de criterio. ¿Y entre aquella y Larrea sí? En el primer orden al bat, lo más lejos que llegó la ex cabeza visible de esa dependencia fue reconocer que no se ha logrado avanzar; Adán solo atinó a pedir paciencia a los mineros y en ambos casos el marcador quedó en ceros. Entonces, ¡ánimo!, Marath, que sólo han transcurrido 16 años.

Antes, dijo López Obrador, los barones de la minería ponían a las autoridades laborales; llegaron a poner a un secretario de Trabajo (y de Gobernación, etcétera, etcétera). No deja de haber intereses cupulares; ¿cómo era la relación antes?: los líderes sindicales convivían en hermandad, comían en el mismo plato con los empresarios. De repente hay pleitos, porque se pusieron de acuerdo los grandes (barones) mineros, surgidos de la política privatizadora, y tenían muchas influencias. También poder político y dominaban la PGR, pues le presentaron una denuncia a Napoleón; le inventan una serie de delitos, que se había quedado con un porcentaje cuando la liquidación de la mina de Cananea. Y se tiene que ir al exilio, como en el porfiriato: encierro, entierro o destierro.

Eso y más –bastante enredado y con información no muy clara– dijo el presidente sobre este caso, pero se supone que el objetivo de la conciliación no es hacer amigos ni una relación de ensueño, sino alcanzar acuerdos concretos para resolver las tres huelgas mineras que en breve cumplirán 16 años. Fallaron Luisa María y Adán, y legan tremendo paquete a Marath, mientras a Larrea lo único que le importa es quitarse a los gringos de encima. Pero, calma, que ahora (AMLO dixit) la señora Alcalde va a intervenir para que se concilie (¡¡¡!!!)

Las rebanadas del pastel

No es novedad: en defensa de la minoría, el supremo poder conservador atacó de nuevo: la segunda parte del plan B de la reforma electoral fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de nueve votos.

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