Xalapa, Ver., Un juez de control vinculó ayer a proceso a la jueza Angélica Sánchez Hernández por los delitos de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública; determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

En la audiencia de ayer, el impartidor de justicia del decimoprimer distrito judicial de Xalapa, con sede en la congregación de Pacho Viejo, no revisó la medida cautelar de prisión preventiva de un año, como lo había solicitado la defensa.

La continuación de la audiencia inicial programada para este miércoles a las 10 horas comenzó con retraso de hora y media. En principio, el juez Roberto Santos Maldonado leyó una carta de Sánchez Hernández en la que solicitó que su defensa estuviera integrada tanto por su abogado privado como por miembros del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz rechazó la presencia de los integrantes del IFDP; después de dos horas de discusión, el juez determinó que Angélica Sánchez debía elegir entre una representación privada y los integrantes de la defensoría pública, por lo que únicamente pudo ser representada por su abogado particular.

A pesar de que el sistema oral se rige por el principio de máxima publicidad y de que la defensa solicitó que la audiencia fuera pública, el juez Roberto Santos la declaró privada. No permitió que ni familiares ni los integrantes de la defensoría pública estuvieran presentes; tampoco accedió a que un representante del Alto Comisionado de la ONU permaneciera en la sala como observador.

Este es un caso complejo, donde vemos todo el peso del Estado contra una persona; es muy cuestionable la forma en que se han conducido el Tribunal de Justicia y el Ejecutivo. Hay todo un cerco alrededor, consideró Jaqueline Sáenz Andujo, titular de la unidad de litigio estratégico del IFDP.

Una vez determinado el carácter privado de la audiencia, comenzó la presentación de elementos por parte de la defensa. El argumento central fue que la actuación de la jueza estuvo apegada a derecho.

Mientras, la fiscalía hizo una breve argumentación en la que mencionó que Sánchez Hernández –a quien se acusa de haber actuado de manera ilegal al no vincular a proceso al presunto narcotraficante Itiel Palacios, El Compa Playa–, realizó múltiples llamadas telefónicas y envió correos electrónicos al Centro Federal de Readaptación Social de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad .

A las 17 horas, el juez decretó un receso para valorar los elementos expuestos por ambas partes y poco después de las 18:40 horas decidió la vinculación a proceso.