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Los solicitantes de asilo requieren protección, no detención: ONG
 
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de junio de 2023, p. 12

En el Día Mundial de los Refugiados, que se conmemoró ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a la sociedad y a las diversas autoridades encargadas de realizar los procesos de reconocimiento de esta condición en México a asumir y garantizar este derecho con que cuentan todas las personas que por diversos motivos se ven orilladas a abandonar sus países de origen.

Enfatizó que es indispensable construir medios idóneos para insertar a estas personas en la economía del país, pero para que además lo hagan en las condiciones más favorables, lo que implica procesos educativos y culturales que permitan combatir y desterrar la xenofobia y el racismo.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno deben revisar los mecanismos y estrategias que permitan brindarles acceso a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda, a efecto de que puedan integrarse en las comunidades donde decidieron quedarse, con reales posibilidades de desarrollo e inserción social, aprovechando al máximo su contribución a la vida económica, social y cultural del país, destacó en un comunicado.

Por su parte, organizaciones demandaron al gobierno federal reconocer la complejidad de la realidad migratoria del país y tomar medidas para garantizar el derecho a la protección de quienes lo necesitan.

El Instituto para las Mujeres en la Migración subrayó que los solicitantes de refugio y sus familias requieren protección, no detención. Señaló que incluir alternativas como medidas prioritarias en las leyes ayudará a eliminar las detenciones arbitrarias.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova urgió a los estados a garantizar opciones de regularización y derribar las barreras que dificultan que estas poblaciones gocen de sus derechos.

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes expuso que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no cuenta con los recursos humanos, técnicos y presupuestales para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar el derecho al refugio, por lo que quienes lo requieren se encuentran varados y viviendo en condiciones de alta precariedad.