Ante la opacidad tras la compra de cámaras de videovigilancia en la alcaldía Álvaro Obregón con cargo al presupuesto participativo, la Comisión Permanente del Congreso local pidió un informe a las autoridades de la demarcación que encabeza la panista Lía Limón, debido a que se desconoce el número de aparatos adquiridos, su ubicación y si se encuentran en operación.

A decir de la diputada Valentina Batres (Morena), se erogaron más de 40 millones de pesos por 30 contratos de adquisición de esos aparatos, Internet, mano de obra, material de instalación y mantenimiento; sin embargo, en la revisión de los contratos con folio CAPS/PP/22-09/001 al CAPS/PP/22-09/029 se detectó que cada una costó 24 mil 533.66 y 44 mil 161.20 pesos, y en el contrato CAPS/22-10/33 se hicieron de otras para parques, a 132 mil 446.68, pese a que los vecinos habían consultado su costo y estaban en poco más de 2 mil pesos.

“No se sabe dónde están instaladas estas cámaras ni en qué parques están las que costaron más de 100 mil pesos. Tampoco se conoce si todas fueron adquiridas con recursos del presupuesto participativo, cómo fue atendida su descompostura y cómo fue hecha válida la garantía con la empresa proveedora.

Requerimos un informe en el que se nos detalle el monto erogado por cada una, su lugar de instalación y el estudio de mercado que acredite que su compra se hizo bajo las mejores condiciones posibles.

Según el punto de acuerdo, de los 30 contratos 29 fueron para cámaras en los que se gastaron 13 millones de pesos, y otro convenio con la empresa Radar App, que ascendió a 24 millones como parte de la estrategia de seguridad Blindar AO, lo que ha generado molestias entre vecinos porque algunas no grababan y/o no almacenaban videos.

Ante la presunta irregularidad, los legisladores aprobaron varios puntos de acuerdo relacionados con informar el número de cámaras descompuestas ante presuntas deficiencias en el mantenimiento por la empresa Radar App, cómo se ejerció la garantía contractual a fin de resarcir el daño ocasionado y cuántas siguen sin funcionar.

La transparencia como política pública implica considerar cómo se definen cuestiones de interés colectivo que transitan de problema a solución, por qué los gobiernos deciden hacer algo y para qué, cuáles son los impactos que se generan en la colectividad, quiénes se encargan de intervenir en su concepción y estructuración como estrategia de gobierno y cómo se mejora el proceso del gobierno, refiere el punto de acuerdo.