En 2022, las evaluaciones de las cárceles que dependen principalmente de los estados mostraron tendencia a la baja en materia de debida gobernabilidad y seguridad, atención a grupos vulnerables y cumplimiento de acciones para la efectiva reinserción social, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, Hilda Téllez, directora general y encargada de despacho de la tercera visitaduría general, expuso que en 42 cárceles estatales hay condiciones de autogobierno o cogobierno, donde personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad, entre ellas Chiapas, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Además, en 115 de los 235 centros visitados por la CNDH se detectó sobrepoblación, entre ellos Chiapas, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tabasco.

Según el diagnóstico, los problemas con mayor incidencia detectados en los 235 centros fueron inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad (94.9 por ciento), deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones (87.2 por ciento) ineficiente separación entre procesados y sentenciados (86.4 por ciento), así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia (81.3 por ciento).

Los sistemas penitenciarios peor calificados –obtuvieron puntuaciones de entre 4.26 y 5.94 de una escala de 10– fueron Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima.

A escala federal, se obtuvo puntuación global de 7.4. Destacaron tres centros que tuvieron calificación mayor de 8: el Cefereso 4, en Nayarit; el 8, en Sinaloa, y el Centro de Rehabilitación Sicosocial en Morelos.

Sobre los principales problemas registrados están la insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación (85.7 por ciento) y la deficiencia en atención a personas adultas mayores (85.7 por ciento), así como la insuficiencia de vías para la remisión de quejas (78.6 por ciento) y de personal de seguridad y custodia (71.4 por ciento).

La CNDH documentó que las tres prisiones militares revisadas obtuvieron un promedio de 8.12 a 8.61. El tema con mayor incidencia fue la insuficiencia en programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (66.7 por ciento).

En cuanto a incidentes violentos en los centros penitenciarios estatales, federales y militares, da cuenta de que en 2022 éstos disminuyeron, ya que sumaron mil 302, mientras en 2021 fueron mil 478.

La mayoría fueron riñas (mil 96), suicidios (100), homicidios (47) y huelgas de hambre (29). Pese a estas cifras, los homicidios aumentaron de 39 a 47. Se reportaron principalmente en el estado de México, Colima y Tamaulipas.