Lima. La presidenta peruana Dina Boluarte declaró ayer ante la fiscal general Patricia Benavides en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en tres meses.

La oficina presidencial informó que la mandataria culminó la diligencia que duró unas tres horas.

Un pequeño grupo de peruanos le gritó asesina, otros llevaban carteles con frases como no más muertos.

Antes de comenzar el interrogatorio, su abogado Joseph Campos dijo a la prensa que Boluarte no iba a usar el silencio como un medio de defensa, sino que iba a responder las preguntas de los investigadores.

El premier Alberto Otárola comentó a la radio local RPP que el interés de la mandataria es que las cosas se esclarezcan.

La presidenta fue citada en enero, febrero y marzo, pero hasta ahora no había declarado. Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma pesquisa. También están implicados el ex premier Pedro Angulo y otros ex funcionarios.

Las protestas que siguieron al derrocamiento del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado dejaron 67 muertos y más de mil 300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos eran civiles y la mayoría recibió impactos de armas de fuego.

En Perú el genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel.

Boluarte llegó al poder luego de que su antecesor fue destiutuido al intentar disolver el Parlamento. Castillo cumple prisión preventiva de 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para ex presidentes ubicada en Lima.

Desde diciembre comenzaron las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes en reclamo de la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento.

El Congreso rechazó la demanda de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Según encuesta de la firma Ipsos Perú, 75 por ciento de peruanos desaprueba a Boluarte.