Jorge Luis Castilla Aguilar, apoderado legal de la empresa Nunvav, una de las principales compañías señaladas de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a favor del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, solicitó la protección de la justicia federal y se le concedió una suspensión contra la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la medida cautelar otorgada por un juzgado de amparo no impide que sea detenido, pues el beneficio legal no aplica en caso de acusaciones tipificadas como graves, y en caso de que sea aprehendido se le imputará la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Él es el segundo implicado en las acusaciones en contra de una red de 61 ex funcionarios, empresarios y personas físicas que según la Unidad de Inteligencia Financiera participaron en desvíos de recursos públicos por más 112 millones de pesos a través de 10 contratos.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), los 61 mencionados en una indagatoria en la cual ya se obtuvieron igual número de órdenes de aprehensión, todos ellos (incluyendo familiares de García Luna y los representantes y accionistas principales de Nunvav) se “coludieron con el entonces titular de la SSP federal para saquear recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

La solicitud de amparo fue presentada el pasado 26 de mayo y el juzgado federal le otorgó la suspensión definitiva en la misma fecha en contra de actos privativos de libertad, y para ello Castilla Aguilar depositó una garantía de 18 mil pesos.

Otra investigación en curso

El pasado primero de junio, la UIF informó que durante el periodo del primero de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, dos entidades del gobierno federal suscribieron 19 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna, por un monto total erogado de 420 millones 753 mil 293 dólares y 315 millones 266 mil 666 pesos.

En ese caso, entre los contratos signados con Nunvav se encuentra “el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), a través del entonces director general Eugenio Ímaz Gispert, (quien) firmó un total de 14 contratos, nueve con la empresa Nunvav Inc, representada por Rosalba Tapia Alvarado, y cinco con la empresa Nunvav Technologies Inc, representada por Jorge Luis Castilla Aguilar y Rosalba Tapia Alvarado, por los siguientes conceptos y montos:

“El 22 de julio de 2013, para la adquisición de equipos de comunicación especializada por un monto erogado de 3 millones 97 mil 200 dólares. El 14 de agosto de 2013, para la adquisición de equipo de comunicaciones estratégicas para robustecer y ampliar la plataforma de comunicaciones especializadas del Cisen, por un monto erogado de 15 millones de pesos.

“El 22 de octubre de 2013, para la adquisición de equipos de comunicación especializada, por un monto erogado de 2 millones 958 mil dólares. El 4 de febrero de 2014, para el servicio y entrega de una plataforma de seguridad nacional, por un monto erogado de 5 millones de dólares.

“El 1º de abril de 2014, para el fortalecimiento de la plataforma Cisen, por un monto erogado de 5 millones 500 mil dólares. El 14 de agosto de 2015, para el servicio y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de comunicación especializada, por un monto erogado de un millón 694 mil 579 dólares.

El 24 de agosto de 2015, para la instalación de una plataforma, por un monto erogado de 24 millones 940 mil dólares. El 3 de junio de 2016, para el mantenimiento integral de equipos de comunicación especializada, por un monto erogado de un millón 29 mil 548 dólares, y el 20 de abril de 2018, para un equipo para ampliar capacidades de una plataforma, por un monto erogado de 52 millones 200 mil pesos.