Un migrante venezolano, identificado como Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) acusado de haber provocado el incendio en la estación provisional migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, que dejó 40 indocumentados fallecidos y 28 lesionados.

El arresto se efectuó la noche del pasado jueves en el hotel Colonial Las Fuentes, donde el hombre permanecía bajo resguardo de agentes Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), en calidad de víctima del incendio, dio a conocer ayer su hermano Jordani Colombo.

Carlos Eduardo es el segundo migrante acusado de iniciar el fuego en el área de detención de hombres de las instalaciones del INM en Ciudad Juárez; por esta misma causa, Jason N permanece en prisión preventiva en el Cereso número 3 desde el pasado 31 de marzo, donde enfrenta el proceso penal.

Según información dada a conocer en la audiencia de imputación contra Jason N, también venezolano, él junto con otro extranjero no identificado, compró cigarros y un encendedor al guardia privado Adán Omar N; fumaron en el baño y después iniciaron el motín exigiendo agua y comida.

Jordani Colombo explicó que su hermano después del incendio, permaneció internado 18 días en el Hospital General de Ciudad Juárez y cuando salió no tenía ningún cargo, ni estaba bajo arresto, nos dijeron que estaba en el hotel por el Instituto de Migración, y que era para su recuperación.

Sin embargo, reclamó, alrededor de las 22 horas del jueves llegaron agentes de la FGR y lo esposaron, le hicieron firmar una hoja de orden de cateo y orden de aprehensión. Él le dijo al oficial que no tenía nada que ver; le recomendé que no firmara porque no estaban personas del consulado de Venezuela o un abogado que lo pudiera defender; sin embargo, no se resistió.

Jordani presentó una videograbación del momento de la detención de su familiar, en la cual se observa cuando personal de la FGR informa a Carlos Eduardo sobre la orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de 40 personas.

Es una técnica de control judicial, una orden de cateo con fines de dar cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 302 en relación al 307, ambos del Código Penal Federal, cometido en agravio de 40 víctimas, explica en el video un oficial de la Fiscalía General de la República.