Santiago. El presidente chileno, Gabriel Boric, defendió las políticas sociales aprobadas en su gestión durante su entrega del balance anual ayer ante el Congreso de Chile, al que le insistió que apruebe una reforma tributaria necesaria, con la recaudación de 3.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), para financiar su programa.

En una ceremonia en la sede del Legislativo, en el puerto de Valparaíso, ante 800 invitados, el mandatario cumplió la obligación de dar detalle de un año de gestión y sus planes para el resto de su mandato, en el informe de cuenta pública.

Al comienzo de su intervención, hizo una síntesis del país que recibió hace 15 meses, tras los efectos de la pandemia y afirmó que no han sido tiempos fáciles. Acerca del resto de su mandato, que concluye en 2026, adelantó que hay “grandísimos desafíos.

Tenemos una economía resiliente y la vamos a cuidar, porque sabemos que sin estabilidad económica las familias chilenas no alcanzarán sus metas, señaló.

Boric rindió su balance a menos de un mes de la derrota electoral para su gobierno que la ultraderecha obtuviera en las urnas la mayoría de los cupos de quienes escribirán un segundo proyecto constitucional para remplazar la Carta Magna impuesta por una dictadura militar (1973-1990). Hace 11 meses, el revés llegó con el rechazo de 62 por ciento del electorado a un primer texto refundacional que contaba con su respaldo.

Las divergencias constitucionales comienzan a encausarse, indicó aludiendo al inicio de la redacción de una nueva Constitución el próximo miércoles, que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre.

Anunció que se instalará en la Región Metropolitana de Santiago el primer sistema de vigilancia con inteligencia artificial contra la delincuencia, y permitirá la búsqueda de personas perdidas o solicitadas por la justicia mediante cámaras de seguridad.

El mandatario llegó a su balance anual con una popularidad cercana a 30 por ciento, en un país que vive una prolongada crisis de inseguridad por el aumento de la delincuencia, y con el despliegue de militares en el sur y el norte del territorio para frenar, respectivamente, la violencia de grupos indígenas y la inmigración irregular.