El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) envió a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, una solicitud para que investigue de manera exhaustiva, oficiosa, completa e imparcial la infección con el software Pegasus de los equipos celulares de las personas que forman parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa; recientemente del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y representantes de la víctimas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En la queja presentada indicó que estos hechos, que vulneraron derechos a la intimidad, a la comunicación y a la privacidad, pueden poner en riesgo incluso a testigos de la investigación del caso, a información confidencial, pero sobre todo a las personas que fueron objeto de espionaje o intercepción ilícita.

Recordó que por lo que se ha podido establecer técnicamente por los integrantes del Centro Prodh y el subsecretario Encinas, sus equipos telefónicos fueron infectados el año pasado y en meses recientes con Pegasus, propiedad de una firma israelí y que sólo se vende a agencias gubernamentales.

Asimismo, Ángela Buitrago y Carlos Beristáin se refirieron al comunicado que emitió el lunes pasado la CNDH, en el que expuso que no hay elementos que presuman que instancias del gobierno federal se encuentren actualmente usando el sistema Pegasus. Al respecto, destacaron que la información que se encuentra en fuente abierta permite concluir que se sigue realizando.

El objetivo a investigar, enfatizaron, radica en la determinación del origen de esas conductas que atentan contra bienes jurídicos fundamentales.

Subrayaron que dado que dichas injerencias son ilícitas, corresponde a la CNDH y la Fiscalía General de la República realizar una investigación que parta de los hechos conocidos y permita remediar esta situación que atenta contra garantías muy caras para la democracia.

Los expertos resaltaron que lo primero que hay que solicitar es la certificación que permita acreditar en principio quiénes han sido compradores de este sistema en México, lo cual implica solicitarle a los proveedores nacionales e internacionales se expida la correspondiente constancia; en segundo término, quiénes lo están utilizando.

En tercer lugar, si existen otras personas que puedan estar usando estos equipos, con qué autorización; así como qué controles se han establecido por parte de quienes los hayan adquirido.

Asimismo, sugirieron a la CNDH recoger los diagnósticos de los equipos que aseguran la utilización ilícita de infección a los medios de comunicación, para comprobar la intrusión e investigar el comportamiento ilegal.